En medio de la segunda ola de coronavirus el presidente Alberto Fernández montó un gran acto en la Casa Rosada y confirmó la ampliación y el aumento de la Tarjeta Alimentar. El anuncio, curiosamente, no recibió la celebración esperada ni dentro ni fuera del oficialismo: jefes de los movimientos sociales afines (y parte) del Ejecutivo, los más independientes y organizaciones no gubernamentales cuestionaron la medida. ¿Qué hay detrás de las críticas? Caja, cuestiones de distribución efectiva de los fondos estatales y paternalismo estatal, en torno a una inversión, según el gobierno, de $250.000 millones, un monto equivalente al 0,7% del PBI.
Acompañado por funcionarios, curas, referentes de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, Fernández anunció la inclusión de todos los menores de 14 años en el beneficio de la Tarjeta Alimentar, originalmente destinada a menores de 6 años. Se ampliaron los montos: la madre de un hijo cobrará 6 mil pesos; de dos hijos, 9 mil pesos, y de tres o más, 12 mil.
Rápidamente Emilio Pérsico, uno de los jefes del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo, criticó la medida: “Es pan para hoy y hambre para mañana”, advirtió y sostuvo que no fomenta la creación de empleo ni la inclusión. El referente de la CTEP, Juan Grabois dijo que se trata de “una política estúpida, asistencialismo puro”.
Una cuestión de caja y territorio
El fondo político de las críticas está en una pérdida de poder de las organizaciones sociales. Existe una disputa territorial entre movimientos sociales y el PJ tradicional. La Tarjeta Alimentar supone una asignación directa de fondos a las familias, sin intermediarios, y menos dinero que manejan y distribuyen las organizaciones sobre el territorio. Como lo demostraron los múltiples actos del ministro Daniel Arroyo con intendentes y gobernadores, el crédito se lo lleva la política tradicional.
“Claro que es un problema de asignación de recursos, y que muchos dirigentes sociales se sienten capacitados de llevarlo adelante mejor que otros funcionarios que no conocen lo que son los pobres salvo por las estadísticas”, sostiene, en diálogo con Tn.com.ar, Fernando “Chino” Navarro, uno de los jefes del Movimiento Evita y funcionario del gobierno nacional.
“Quienes gestionan 12.000 ollas populares todos los días no son funcionarios o asesores o trabajadores del Estado. Son los militantes de las organizaciones sociales y los curas. Y eso tiene que ver con la paz social que hoy tiene Argentina. El territorio que cubren las organizaciones sociales fue abandonado hace muchos años por la política tradicional”, agrega.
Según Navarro, ninguna organización cuestiona el aumento puntual de la Tarjeta, pero sí su sostenimiento en el tiempo, sin inversión y distribución en trabajo y producción.
El argumento “oficial” de los movimientos
El argumento “oficial” de los jefes de las organizaciones sociales es que, con la Tarjeta Alimentar, el dinero otorgado regresa a los “grandes formadores de precio” y se “fuga”, lejos de mover la economía y beneficiar a comercios “populares”, donde no hay posnet o bancarización.
// En 2020 la pobreza llegó al 42% y alcanzó a 19 millones de personas
Según un estudio de Unicef, el 38% de los beneficiarios compra en comercios minoristas y una proporción igual en supermercados, mientras que los supermercados chinos captan a 14% de los compradores y los mayoristas al 9%, todos bancarizados.
El argumento del gobierno y la interna
El argumento del ministerio que conduce Daniel Arroyo para aumentar la Tarjeta Alimentaria -limitada a la compra de alimentos- y no aumentar más políticas como la Asignación Universal por Hijo -que no condicionan el uso del dinero- es que millones de familias se encuentran endeudadas y que muchos utilizarían el dinero para cubrir deudas. El objetivo del gobierno, aseguran, es que el dinero regrese al sistema productivo, genere demanda agregada y contribuya a mover la economía.
Las críticas abiertas de los referentes de organizaciones sociales no cayeron bien en el Ejecutivo: “Las críticas la tendrían que explicar ellos. Por qué dijeron esto ahora no sabemos. El planteo no nos sorprendió porque ya la conocíamos. Lo que sorprendió fue la reacción tan pública”, dijeron a Tn.com.ar voceros del Ministerio de Desarrollo.
Los movimientos “independientes”
“Evidentemente es un problema de caja el de las organizaciones ligadas al gobierno, pero la crítica que hacemos nosotros es otra”, sostiene dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y agrega: “Es un intento de disimular un ajuste de dimensiones extraordinarias”.
“El Ingreso Familiar de Emergencia lo cobraban 9 millones de personas. El Presupuesto fijo una meta de inflación del 29%, que va a ser 50%, y establece un criterio de aumento del Consejo del Salario Mínimo Vital y Movil que determina programas sociales y la AUH. Es decir, por un lado, se ajustan los ingresos fijos y, por el otro, se reduce el universo de asistencia, que son las madres con hijos hasta catorce años. Además: ¿los niños de 15 años ya no comen?”, sostiene Belliboni.
Estado paternalista
Otra crítica de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales (ONG) que combaten la pobreza apunta contra el condicionamiento que supone el cobro de la Tarjeta Alimentar. ¿Por qué no aumentar la Asignación Universal por Hijo u otros programas sociales mucho más abarcadores y efectivos? La Tarjeta supone, para estos organismos, una subestimación de la capacidad de las familias más pobres para organizar sus ingresos y gastos.
