Cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete kirchnerista nunca imaginó que años después, su gobierno podría recaudar dinero gracias a la concesión de dos cocheras de un hombre al que solía frecuentar en los pasillos de la Casa Rosada. Se trata de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner e investigado en la Justicia como supuesto testaferro del expresidente.
Muñoz falleció en 2016 pero dos años después, su apellido volvió a ser noticia al ser señalado como una pieza clave en la supuesta estructura de recaudación ilegal que el juez Claudio Bonadio investigó en la causa de los Cuadernos de las coimas. Fue el exmagistrado el que ordenó el decomiso de sus bienes, de los que buena parte quedaron firmes y pasaron a la órbita del Estado nacional, en épocas en las que el gobierno de Mauricio Macri impulsaba la subasta de activos que provinieran de la corrupción y el narcotráfico.
Entre la lista de propiedades incautadas, se encuentran dos cocheras ubicadas en los barrios de Palermo y Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) busca concesionar por cinco años. Durante ese período, el alquiler le podría dejar a las cuentas del Estado al menos $32.160.000.
En otras palabras, el gobierno de Alberto Fernández concesionará dos activos que pertenecían a un hombre ligado a la vicepresidenta. De hecho, el 14 de diciembre de 2007, solo cuatro días después de que Néstor Kirchner le entregara el mando a Cristina Fernández de Kirchner, Muñoz fue designado como asesor presidencial con rango y jerarquía de secretario. La resolución también lleva la firma del actual jefe de Estado.
Ambos predios formaban parte del patrimonio de Muñoz, que se estima ronda los 60 millones de dólares, entre los bienes que fueron incautados en la Argentina y los que aún no lograron hallarse en el extranjero. El histórico contador de los Kirchner Víctor Manzanares también tuvo un porcentaje de las cocheras. Según pudo saber este medio, Carolina Pochetti -esposa de Muñoz- intentó evitar el proceso al apelar el decomiso, solicitud que fue rechazada.
Una de las cocheras se encuentra en la calle Amenábar 1934, en el barrio de Belgrano y tiene 714 metros cuadrados. Quien quiera quedarse con este negocio deberá pagar un mínimo mensual de $286.000, por lo que si se tiene en cuenta que el plazo de la concesión es de 60 meses, el Estado recibiría al menos $17.160.000.
Se descarta que los interesados ofrecerán un monto mayor al canon inicial, por lo que la cifra a percibir por el Estado será más alta. A su vez, al concesionar ambas propiedades, la AABE intenta dejar de pagar los impuestos que conlleva mantener la cochera. A modo de ejemplo, el Impuesto Inmobiliario y ABL fueron de $23.815 en marzo de 2021.
La otra cochera se ubica en la calle Malabia 1741, en Palermo. Para quedarse con esta concesión los interesados tendrán que pagar un canon mensual mínimo de 250 mil pesos por un plazo de 60 meses, lo que representaría para el Estado unos $15 millones. El acto de apertura será el 30 de abril.
El canon mensual a pagar es un valor fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La gestión, obtención de los permisos para trabajar, la correcta conservación del edificio, el pago de los salarios de los empleados y todo lo que haga al funcionamiento del lugar quedará a cargo del concesionario, que solo podrá utilizar el lugar como un estacionamiento.
Según pudo saber este medio, en los complejos de cocheras trabajan unas 12 personas. En su momento, el juez Bonadio había designado un veedor judicial para garantizar los puestos de trabajo. Se estima que el valor de mercado de ambas cocheras ronda los US$ 1.500.000 pero nunca se pusieron a la venta.
Fuentes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado le dijeron a este medio que aún no se recibieron ofertas y que, en caso de que nadie se presente al proceso, la licitación se dará de baja y se abrirá una nueva en el futuro.
