“Ahí están los aviones de Lázaro”. Esa suele ser una de las frases más comunes que escuchan quienes visitan por primera vez el aeropuerto de San Fernando. Es que esa pista de operaciones se convirtió desde hace más de cinco años en el hogar de dos aeronaves del empresario patagónico que el gobierno de Mauricio Macri y la actual gestión de Alberto Fernández intentaron subastar sin éxito.
La historia se remonta a principios de 2016. El 5 de abril, Lázaro Báez se bajó de su Learjet LV-BPL y quedó detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello. El avión quedó “varado” en el aeropuerto de San Fernando junto a un Rockwell Commander que también pertenecía a la empresa Top Air S.A., del empresario dueño de Austral Construcciones, que el miércoles fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la causa conocida como La Ruta del Dinero K.
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Tras varios años de investigación, en agosto de 2018 el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la subasta pública de ambos aviones y le encomendó la tarea a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que por aquel entonces estaba al mando de Ramón Lanús. “Ahora el dinero de la corrupción se devuelve”, repetían por aquellos días en el macrismo. Pero en rigor esta premisa nunca se pudo cumplir.
Según pudo saber TN.com.ar ambas unidades aún están en venta y ya fracasaron varios intentos de subasta en los últimos dos años. El deterioro de las aeronaves y el hecho de que ambas estén ligadas al empresario patagónico alejan a los posibles interesados. Ni siquiera su bajo precio de base atrae compradores.
El primer intento de subasta ocurrió el 7 de octubre de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri. Por aquellos días el Rockwell Commander modelo 690 B Matrícula LV MBY salió a la venta con un precio base de 55.800 dólares. La falta de oferentes hizo que el proceso se cayera y la derrota de Macri en las elecciones provocó que la gestión de Lanús descartara volver a ofrecer la nave antes de dejar el poder.
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Pero la actual administración de la AABE que preside Martín Miguel Consentino también intenta desprenderse de la aeronave. Una primera subasta iba a realizarse el 22 de diciembre de 2020, pero según dijeron fuentes del organismo, ante la falta de inscripciones a la subasta, esta se postergó para el 31 de marzo. Esta vez, el avión se ofrecerá a un precio base significativamente menor: $2.684.700, es decir unos U$S28.500.
Este medio pudo saber que la AABE le ofreció sin costo alguno el avión a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero el organismo lo rechazó porque la reparación costaba más que adquirir uno nuevo. Las tareas para poner a punto esta aeronave podrían superar los 300 mil dólares, de acuerdo a fuentes aeronáuticas.
Lo mismo ocurrió con el Learjet matrícula LV-BPL, que el Gobierno pensaba subastar el 15 de enero de 2021 pero que finalmente se pondrá a la venta el 5 de marzo de este año. Cuando el TOF 4 le ordenó a la AABE subastar este avión, en el Gobierno de Macri estimaron que su valor podía superar los U$S 500.000, pero la falta de mantenimiento y su deteriorado estado de conservación hacen que ahora se subaste a un precio base de tan $1.697.535.
Según fuentes de la investigación, ambas aeronaves fueron utilizadas para el traslado de dinero desde el sur del país hacia Buenos Aires. El propio Federico Elaskar, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario, reconoció haber ido a buscar bolsos con plata al aeropuerto de San Fernando.
El Gulfstream Commander-Rockwell y el Learjet, modelo 35A, número 418, habían sido destinados al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de efectivos policiales o detenidos, pero el organismo solicitó a la Justicia devolver los aviones porque su puesta en funcionamiento y mantenimiento significaba un costo muy alto. Por esto, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso que ambas naves sean subastadas. La venta de estos se realizará a través del portal Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR).
El TOF 4 ordenó la subasta de ambas unidades para evitar que pierdan valor, pero el objetivo no logró cumplirse. De venderse, el dinero recaudado será destinado a una cuenta a nombre del tribunal en el Banco Nación, que permanecerá allí hasta que ambas unidades tengan decomiso firme o incluso podrían ser devueltos al empresario en caso de que las apelaciones de sus abogados en las distintas instancias judiciales surjan efecto.
