El gobierno porteño recusó al juez Roberto Gallardo por su decisión de citar a los ministros de Salud, Fernán Quirós y de Educación Soledad Acuña por la vuelta a clases presenciales, como adelantó TN.com.ar, y ante la posibilidad de suspender el inicio del ciclo. Entre los argumentos de la presentación las autoridades porteñas hablaron de “manifiesta falta de parcialidad” y de “encono puesto de manifiesto en innumerables precedentes”.
El jefe de gabinete porteño Felipe Miguel dijo en TN que la presentación se hizo a través de la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires. Explicó que en consideración de ellos el magistrado demostró “manifiesta falta de imparcialidad” y que “se excedió en sus competencias”. Ratificó que van a poner a disposición la información que pidió Gallardo y manifestó que “los protocolos que exige ver son resultado de meses de trabajo con gremios, docentes y familias”.
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En el escrito plantearon que el juez demostró “un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto” al citar a “funcionarios de áreas esenciales a comparecer a una audiencia con carácter personal e indelegable”. Además advirtieron que “de acuerdo a trascendidos periodísticos ya tendría decidido suspender el inicio de clases” en Capital Federal.
Consideraron que “es evidente que el magistrado tiene intención de suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte, resolviendo por fuera de lo requerido, y en clara contraposición con las reglas procesales a las que debiera atenerse, vulnerando las garantías constitucionales del gobierno de la Ciudad”.
Criticaron que haya convocado a una audiencia “que no fue requerida por las partes” y a “algunos representantes gremiales sin que exista petición”, medidas que manifestaron que “exceden absolutamente su competencia y su actuación en el proceso”. Hablaron de “una clara intención del magistrado de utilizar un proceso judicial para convertirse en el ejecutor de una política pública”.
En defensa de las políticas porteñas sostuvieron que “en la grave emergencia sanitaria” que se atraviesa por la pandemia la ciudad de Buenos Aires “siempre el debido equilibrio entre los derechos de los ciudadanos, a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, cuidando que las medidas sanitarias no vulneren derechos humanos de la ciudadanía ni el interés superior del niño”.
El fallo de Gallardo
El juez citó para el 10 de febrero a las 12 a Quirós y Acuña para que le den explicaciones sobre los protocolos sanitarios por COVID-19 que se implementarán para el inicio del ciclo presencial en las aulas. Dispuso esta medida a partir de un amparo colectivo presentado por Carlos Luis Elías, del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (Sutecba).
Le ordenó el martes a la ciudad de Buenos Aires que “informe si se ha elaborado un protocolo de testeos de COVID 19 a personal docente y no docente de los establecimientos educativos dependientes del GCBA y, puntualmente, si está previsto realizar dichos testeos de manera previa al inicio del ciclo lectivo 2021″.
El gobierno porteño anticipó que lo recusaría “por manifiesta parcialidad” y por “sus claras intencionalidades políticas que sus fallos históricamente han traído aparejados”. Entre esas resoluciones están la que ordenó reincorporar a 2400 trabajadores cesanteados en momentos en que Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. Mientras que a fines de 2018 declaró inconstitucional en Capital Federal el protocolo de uso del arma de fuego dispuesto por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
