El mejoramiento de la Justicia fue uno de los pilares sobre el que el presidente Alberto Fernández montó su modelo de Gobierno, tal como lo expresó en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa de hace un año, luego materializado en un proyecto de ley para la reforma judicial que fue enviado al Congreso y que ya cuenta con media sanción y en la creación de un comité de expertos que ya le presentó al mandatario sus recomendaciones para encarar cambios de fondo en el Poder Judicial. Ahora la Casa Rosada acelera para presentar un proyecto que cree el llamado “Tribunal Intermedio de Arbitrariedad”, que buscará tratar los recursos en casos de corrupción, actualmente revisados en última instancia por la Corte Suprema de Justicia.
El diario La Nación informó que fuentes del Gobierno adelantaron que el proyecto podría tratarse en extraordinarias y sería parte de las recomendaciones que el Consejo de Expertos le entregó al presidente Alberto Fernández el mes pasado. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, son las funcionarias encargadas de cerrar el texto definitivo que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación.
De acuerdo a esta iniciativa oficial, el Gobierno intentará mostrar que este Tribunal Intermedio de Arbitrariedad aliviaría a la Corte Suprema de tratar las miles de causas de corrupción estatal que se tramitan por año, con un filtro procesal que busque acelerar los expedientes. Sin embargo, las sospechas que corren en Tribunales es que la verdadera motivación del kirchnerismo es que la Corte pierda el manejo de las causas mas comprometidas contra los funcionarios procesados.
En aquel mensaje de hace casi un año, ante la Asamblea Legislativa, el Presidente planteó la necesidad de un “reordenamiento de la Justicia Federal” que “evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho”.
La lucha contra “la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico” por parte de la Justicia se sumaba a las aspiraciones del jefe de Estado y también poner fin “a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.
Así planteado, el Jefe de Estado anunció en ese mensaje que fue fundacional de lo que sería su mandato la creación de un “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”, conformado por once académicos de prestigio, y la redacción del primer proyecto de ley de Reforma de Justicia. El proyecto fue enviado al Congreso el 29 de julio tras una presentación pública de las que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
Transcurrían tres meses de pandemia por coronavirus cuando la iniciativa ingresó al Senado, donde luego de un mes de debate obtuvo el 27 de agosto la media sanción con el respaldo de los representantes del Frente de Todos y sus aliados, y la oposición de los senadores de Juntos por el Cambio. El proyecto apunta la unificación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, y la instrumentación del Código Procesal Penal Federal, que incluye el nuevo sistema acusatorio, con un rol más activo de los fiscales.
También avanza sobre la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a CABA y la creación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en CABA. También se impulsó que los sorteos de las causas deban ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia, y la creación de Juzgados Federales de Primera Instancia en las provincias, al igual que nuevas Cámaras de Apelaciones, defensorías oficiales y fiscalías.
El proyecto fue remitido luego a la Cámara de Diputados, donde actualmente se analiza su contenido mientras espera su tratamiento. Siguiendo el orden de su trazado inicial ante la Asamblea Legislativa, el Presidente concretó el 30 de julio la creación de un consejo de expertos con destacada trayectoria en el ámbito de los tribunales y en el mundo académico, para analizar y elaborar un dictamen con “propuestas y recomendaciones” sobre cinco ejes principales relacionados con el funcionamiento judicial.
El consejo que empezó a sesionar el 18 de agosto se abocó a realizar una “descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”, según dispuso el decreto 635 de conformación del organismo.
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Asimismo, el Consejo analizó el “sistema de juicios por jurados” y el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño. Los integrantes del comité académico fueron Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Carlos Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Después de concluir sus actividades el 18 de noviembre, y tras 25 reuniones mantenidas con representantes de entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, el comité de especialistas emitió un dictamen de casi mil hojas. Entre las sugerencias realizadas por el Consejo figura la sanción de una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema, además de distintas alternativas sobre tribunales intermedios que podrían generarse para descongestionar de causas al máximo tribunal.
Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se recomendó ampliar y equilibrar las representaciones en el organismo, que sus miembros cumplan mandatos de cuatro años sin reelección consecutiva y que sus designaciones sean sometidas a audiencias públicas. El informe incluyó recomendaciones sobre el funcionamiento de los Ministerios Públicos, la instauración de los juicios por jurados y la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El Presidente recibió el documento el 10 de diciembre, durante un acto en Casa Rosada donde elogió la actividad del Consejo y consideró el contenido del informe como “un punto de partida” para profundizar los cambios estructurales en el Poder judicial, que ya están en marcha.
