La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió, “con profunda preocupación, la consagración de una nueva medida judicial que conspira contra el ejercicio del periodismo de investigación en causas referidas a hechos de corrupción pública”.
En efecto, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la entrega de una copia del registro de las cámaras de seguridad de la zona en la que el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, se habría reunido con una fuente. La disposición judicial, en respuesta a una solicitud del procesado empresario Néstor Emilio Otero en una de las causas de “los cuadernos de las coimas”, desconoce la garantía constitucional de protección del secreto de las fuentes informativas.
El artículo 43 de nuestra Constitución, al establecer que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”, ampara estratégicamente a la libertad de prensa. Medidas como la del juez Martínez de Giorgi desincentivan el periodismo de investigación, criminalizan la labor de la prensa e inhiben a periodistas y a otros ciudadanos que pretendan colaborar con el esclarecimiento de hechos de corrupción. Este tipo de decisiones judiciales, a contramano de nuestra jurisprudencia y de la tradición judicial de Occidente, hubiera obstaculizado una investigación periodística como la del Watergate.
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En la orden de Martínez de Giorgi hay una inversión de la lógica jurídica. En lugar de poner el foco en los graves hechos denunciados por un periodista, se pone la lupa sobre el propio periodista. La medida cuestiona la investigación de una de las mayores tramas de corrupción y configura una advertencia sobre los riesgos que para los periodistas conlleva la tarea de investigar.
Adepa llevará asimismo el caso a conocimiento de los organismos internacionales aplicados a la consideración de la libertad de prensa en la región.
Cristina Kirchner, sobreseída en una causa vinculada a los cuadernos de las coimas
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Cristina Kirchner y a más de 200 imputados en un expediente vinculado a la causa de los cuadernos de las coimas. Es el que investigó el presunto pago de coimas por parte de las empresas de colectivos que recibían subsidios del Estado. El juez dijo que, por la complejidad del sistema de subsidios y el tiempo transcurrido, es imposible probar si hubo sobornos o no.
El año pasado, el fallecido juez Claudio Bonadio la había procesado como jefa de una asociación ilícita dedicada a organizar y cobrar esos sobornos. Los delitos eran “asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta”. Pero la Cámara de Casación anuló esa decisión y después de varios meses el magistrado decidió dictar el sobreseimiento. En otra causa vinculada al caso cuadernos, la Cámara sí confirmó la ampliación de una acusación contra la actual senadora y candidata a vicepresidenta.
