La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiesta su grave preocupación por la medida tomada por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien en el día de la fecha amplió un procesamiento anterior del periodista de Clarín Daniel Santoro, acusándolo ahora de ser parte de una asociación ilícita. El juez tomó esta medida sin precedentes en una resolución en la que además amplió los procesamientos de los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone, de Marcelo D’Alessio, y del exdirector de la AFI Pablo Pinamonti, entre otros, como parte de la denuncia de un productor agropecuario, realizada en 2019.
La resolución judicial de Ramos Padilla sindica a Santoro como miembro de una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la inteligencia interna. Según el juez, el objetivo era, a través de dichas actividades, influir en la situación institucional, política y económica del país, y en la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Llama la atención que el periodista no fuera citado a indagatoria antes de la nueva resolución y también que esta haya sido tomada sin que se agregara ningún hecho relevante a la causa. Ya el año pasado, a través de sendos comunicados, Adepa había cuestionado el carácter selectivo de la imputación a Santoro, el avance sobre el secreto de las fuentes de información protegido por la Constitución, y la falta de elementos que pudieran sugerir cualquier interés extraprofesional o involucramiento doloso de Santoro en las actividades de los otros procesados. En el mismo sentido se expresaron numerosas instituciones y juristas, que incluso se presentaron como amicus curiae en el expediente, como es el caso de los constitucionalistas Antonio María Hernández y Andrés Gil Domínguez.
La nueva resolución da un paso más, al aplicar figuras que deberían ser totalmente restrictivas, como la de la asociación ilícita, desconociendo que el periodismo de investigación tiene en forma habitual contacto con fuentes cuyas actividades no siempre son lícitas ni procuran finalidades de bien común, como ha sostenido Adepa en reiteradas ocasiones.
El periodismo no goza de ningún tipo de inmunidad. La justicia puede y debe investigar y sancionar los delitos que pudieran cometer los periodistas, pero la responsabilidad de estos debe ser indubitable y esos supuestos delitos nunca pueden configurarse por la publicación de información sobre hechos de interés público. La criminalización del periodismo en estos casos crea un peligroso precedente que lleva a la autocensura y desincentiva la investigación periodística, clave para la lucha contra la corrupción.
La imputación o el procesamiento de periodistas -en este caso, de Daniel Santoro- por las acciones ilícitas que puedan haber cometido sus fuentes y por la publicación de informaciones provistas por esas fuentes constituye un mecanismo de restricción indirecta a la libre expresión y daña así el libre ejercicio del periodismo, en los términos del Pacto de San José de Costa Rica.
Las recientes declaraciones de Adepa en los casos de El Destape, Luis Majul, Gerardo Young y Rodis Recalt, todas en el mismo sentido, dejan claro que el deber del periodismo es dar a conocer la información a la que accede, más allá de si eventualmente terceros cometieron alguna acción ilícita al revelarla o transmitirla. Sólo de este modo se fortalece un amplio acceso a la información por parte de la ciudadanía y un debate democrático abierto y sin restricciones. Varios casos emblemáticos en la historia del periodismo moderno alrededor del mundo son ejemplos y prueba de ello.
