La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Marcela Losardo y el secretario Horacio Pietragalla Corti anunciaron que el Gobierno no participará de una reunión convocada por la Corte Suprema para analizar el avance de las causas de lesa humanidad.
A través de una carta dirigida al presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, los funcionarios catalogaron como “repentina” la convocatoria y no dudaron en afirmar que es “oportunista”. El rechazo a participar del encuentro se produce en medio de la tensión con la Corte que debe definir si considera constitucional o no el desplazamiento de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli.
El encuentro está pautado para las 15 y tiene como objetivo coordinar el trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad en medio de las limitaciones que impuso el aislamiento social.
“La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”, expresaron Losardo y Pietragalla.
El rechazo del Gobierno a la convocatoria de Rosenkrantz no hace más que sumar tensión a un vínculo desgastado. El lunes el titular del máximo tribunal denunció una “campaña de desprestigio” en su contra a través de acusaciones “infundadas”. Fue luego de que desde el Frente de Todos hablaran de un pedido de juicio político.
“Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”, se quejó.
El pedido de juicio político fue presentado por la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley por supuesto “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
La carta del Gobierno a la Corte Suprema
“Nos dirigimos a usted respetuosamente para declinar su invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (‘Comisión Interpoderes’)”, expresaron en el inicio de la misiva dirigida al presidente del Tribunal.
Para Losardo y Pietragalla Corti, “no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado”. Y agregaron: “A partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”.
La Comisión Interpoderes se creó tras la acordada de la Corte Suprema N° 42/08 y es un ámbito en el que los tres poderes del Estado deben coordinar las tareas vinculadas a los procesos de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado. Estos encuentros se deben realizar de manera período pero debido a la pandemia de COVID-19 se vieron afectados.
Para Losardo y Pietragalla “es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento”.
