La causa por las muertes provocadas por fentanilo contaminado sumó una nueva declaración que advirtió sobre una situación hasta ahora desconocida. Eduardo “Ruso” Darchuk, técnico químico y exjefe de producción de Soluciones Parentales de pequeño volumen en el laboratorio Ramallo S.A., aseguró ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal federal Laura Roteta que una de las jefas de control microbiológico de la planta había detectado irregularidades en una muestra de fentanilo contaninado, pero nunca lo informó: “Dijo que se olvidó”.
El episodio, según relató, ocurrió en mayo pasado, poco después de que la ANMAT prohibiera la circulación del lote 31202 de fentanilo. En una reunión en la planta, donde participaban autoridades de Ramallo y de HLB Pharma —, entre ellas Diego García, uno de los dueños y hermano de Ariel García Furfaro, la firma para la que el laboratorio fabricaba de forma exclusiva—, Darchuk afirmó que la técnica Adriana Iudica aceptó ante sus compañeros: “Me dio positivo”. La frase generó conmoción, según su relato.
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“Ahí Tchukran empezó a los gritos, Diego (García) también empezó a las puteadas”, relató, en alusión a Javier Tchukran, entonces director de Manufactura de HLB Pharma y director general de Ramallo, y a Diego García Furfaro, uno de los dueños del laboratorio. “Le dijimos: ‘¿Cómo no dijiste nada?’ Y respondió: ‘La verdad, me olvidé’”.
Esta declaración aportó hasta ahora datos desconocidos pero la Justicia la toma con cautela porque se trata de una indagatoria, que es el acto de defensa del imputado. Allí puede mentir o modificar los hechos.
Un empleado del laboratorio de Furfaro afirmó que la jefa de control había detectado el fentanilo contaminado
Según el testimonio, García le recriminó con crudeza: “¿Por qué no dijiste, boluda? Lo levanto, lo tiro todo a la mierda, si nosotros levantamos lotes y listo”. Iudica habría respondido que había pedido una muestra, que no se la dieron en el momento, y que luego se olvidó. “Quedamos todos muy shockeados”, dijo Darchuk.
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El técnico también señaló a los hermanos García Furfaro —Ariel, Diego y Damián— como propietarios de Ramallo, aunque aclaró que Ariel, principal imputado en la causa, “muy pocas veces” pasaba por producción y que su presencia se conocía solo “por radio pasillo”.
Darchuk negó haber participado en la adulteración del lote contaminado, pero su relato complica a otros actores de la cadena de responsabilidades. En especial, pone el foco sobre fallas internas en la detección y notificación del problema dentro del laboratorio donde se originó la tragedia.
El escándalo por el fentanilo contaminado ya provocó 96 muertes y derivó en una investigación de alto voltaje político y judicial. Esta semana, el juez Kreplak ordenó allanamientos en la sede de la ANMAT, en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y en los domicilios de siete funcionarios actuales y pasados de esos organismos. Entre ellos se encuentra Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del INAME, desplazada de su cargo el 21 de agosto tras conocerse que un informe interno que alertaba sobre irregularidades en Ramallo fue ignorado durante semanas.
Ese documento, fechado el 26 de marzo, advertía sobre fallas graves en los procesos de producción, distribución y comercialización de medicamentos en el laboratorio. Sin embargo, la planta recién fue inhibida el 11 de mayo, cuando las muertes ya se contaban por decenas.
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Además de Mantecón Fumadó, están bajo la lupa Agustina Bisio, administradora actual de la ANMAT; Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME; Mariela Baldut, directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME; y Maximiliano Lalín, jefe del departamento de inspectorado. En todos los casos, la Justicia busca determinar si hubo “negligencia, connivencia o complicidad” en el incumplimiento de los controles que podrían haber evitado la tragedia.
El expediente acumula hasta ahora 17 imputados y 7 detenidos. El más complicado es Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable del laboratorio donde se fabricó el lote de fentanilo mortal. Los delitos que se le imputan podrían derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.
