Este año 2015 los subsidios llegarán a la suma de 36.700 millones de dólares, una cifra increíble, que demuestra el fracaso de la presente gestión político-social del país. Sigue habiendo tantos pobres que se requieren aún más subsidios que en 2002.
Y, para no tomar desde el momento de la crisis, sino tres años después, desde el 2005 al 2015 las transferencias corrientes al sector privado, o sea subsidios en lenguaje de todos los días, aumentaron casi un 2100 %.
Estos subsidios destinados a financiar el congelamiento de las tarifas y aquellos destinados cubrir déficit de las empresas públicas, se han convertido en una pesada carga para las cuentas públicas. En el año 2005 el gasto en concepto de transferencias corrientes al sector privado totalizó $14.700 millones mientras que este año se calculan en una suma cercana a los $323.000 millones.
Se recurre a la emisión monetaria, es decir, a la inflación.
En 2015, los subsidios económicos representan aproximadamente el 73% del total de las transferencias corrientes realizadas. En particular, se destinan $172.000 millones al sector energético (CAMMESA y ENARSA principalmente) con la finalidad de subsidiar el divorcio existente entre los costos efectivos y las tarifas de gas y electricidad que se encuentran reguladas por el Estado sin ningún criterio explícito.
Además de ser una pesada mochila que complica a las cuentas públicas y disminuye el margen de maniobra dada su inflexibilidad a la baja, los subsidios han influido negativamente en las inversiones y comprometido el autoabastecimiento energético, generando un cuello de botella en la oferta. Así es que el Estado se vio obligado a subsidiar también la importación de combustibles y electricidad.
Por su parte, los subsidios al transporte alcanzan en 2015 los $ 52.000 millones y los principales destinos son los trenes, colectivos, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte y Aerolíneas Argentinas.
A pesar de poseer una incidencia mucho menor, las transferencias a empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía también evidenciaron un gran incremento. En 2015 se transfieren por este concepto $ 6.800 millones.
En síntesis, las distorsiones en los precios del transporte, de la energía y de los demás servicios públicos, conforman una complicada herencia para el gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015. Las erogaciones en subsidios han crecido enormemente en la última década y es muy difícil disminuirlos pues eso provocaría un costo político muy alto que la actual administración no se ha animado a asumir.
El exagerado incremento que vienen evidenciando los subsidios desde el año 2002 es uno de los factores que está afectando a las finanzas públicas negativamente en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo, ya que representan más del el 5 % del PBI, una cifra extraordinariamente alta.
Así, ni los recursos que el Estado percibía históricamente ni aquellos que fueron incorporándose en la última década (retenciones, impuesto al cheque, y una infinidad de otros gravámenes) alcanzan para cubrir el déficit fiscal cada vez mayor, por lo que se recurre a la emisión monetaria, es decir, a la inflación, el impuesto más injusto que se conoce pues afecta a los pobres. Todo esto en nombre de los pobres.
