Germán Garavano confirmó que es un maestro del desubique. No tuvo mejor idea que ir contra la prisión preventiva reclamada por Claudio Bonadio y sus fiscales contra Cristina Kirchner justo cuando parte del peronismo empezaba a despegarse de la doctrina Pichetto en la materia.
Lo hizo un día antes que la Cámara de Casación Penal absolviera a Menem del más escandaloso de los casos en su contra, uno que combina la corrupción y el fraude contra el Estado nacional, con la destrucción de media ciudad, Río Tercero, la muerte de una decena de personas, la violación del derecho internacional y el involucramiento del país en un infame tráfico de armas a zonas en conflicto. Fue una mojada de oreja a todos los que quieren vivir en un país en que mínimamente se respete la ley y que sea visto como tal por el resto del mundo.
No es la primera vez que el ministro de Justicia patina feo. Durante el conflicto por el caso Maldonado no tuvo mejor idea que proponerle al Presidente que someta la investigación judicial a organismos internacionales como la ONU y la OEA, aceptando peligrosamente el punto de vista de los críticos del Gobierno, según el cual, el Estado y el Poder Judicial argentino serían tan poco confiables que no cabe esperar que siquiera localicen a una persona. Por suerte, esa vez, Patricia Bullrich frenó en seco su loca idea y evitó un grave daño para las instituciones.
Esta vez fue Elisa Carrió la que puso el grito en el cielo. Primero, lo amenazó con un juicio político por salir en defensa de Cristina y, tras cartón, infirió una conspiración entre él y uno de los integrantes de la Cámara que disculpó a Menem, Carlos Mahiques, llevado a ese cargo por impulso de Cambiemos.
Puede que esto último sea parte de las fantasías que suelen enturbiarle la mente a Lilita. Pero lo que resulta indiscutible es que el oficialismo aparece dividido y con pocas ganas de avanzar y defender sus compromisos ante la sociedad en el único tema en que en el curso de este año podrá mostrar algún resultado positivo, y que el país que está tratando de construir es un poco mejor que el que heredó. Como tirarse un tiro en los pies, cuando ya tiene magulladuras por todos lados.
Los principales argumentos de la Cámara que integran, además de Mahiques, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, fueron encima una abierta legitimación de los mecanismos muchas veces usados por las defensas obstruccionistas y los malos funcionarios de la Justicia para dilatar los casos que involucran al poder político, y que la prisión preventiva en alguna medida combate, al acotar o devaluar las influencias espurias que los acusados usan en su provecho.
Según la Cámara, como había transcurrido tanto tiempo desde los hechos (los envíos de armas se habían hecho entre 1991 y 1994), no se cumplía el "principio del plazo razonable". Pero si desde 1995 se tramita esta causa, y aunque en 2017 se confirmó la condena a 7 años contra el expresidente dispuesta en 2013, los trámites de apelación y revisión todavía continuaban, claramente se debió a una mezcla de ineficiencia judicial y complicidad, no a otra cosa. Resulta absurdo sostener que los derechos del reo, más cuando ya había sido condenado, se habían visto afectados. Todavía el fiscal puede apelar la decisión, y la Corte Suprema revisarla. Pero nada asegura que las cosas vayan a cambiar.
En suma, la Cámara hizo una abierta invitación a abogados y acusados por casos de corrupción a redoblar sus esfuerzos para lograr que, como dijo Zulemita Menem, el interés por develar responsabilidades políticas en esas investigaciones decaiga, “pase de largo” sin dejar ningún resultado concreto, y el sistema de impunidad vuelva a gozar de la salud que hasta hace poco lo caracterizó.
Un desafío que toma mal parado al Gobierno, con su ministro de Justicia dando señales equívocas, y al resto demasiado atento a las urgencias del dólar y la economía. Tal vez le convendría hacer como en ese terreno, y poner a algún funcionario realmente a cargo, si no designando un superministro institucional, al menos alguien que coordine.
