Este 3 de diciembre nos encuentra atravesando un problema crítico. La falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Poder Ejecutivo Nacional no solo desconoce un consenso político y técnico fundamental, sino que agrava una crisis que ya arrastraba consecuencias devastadoras. El sistema que garantiza apoyos, terapias y servicios esenciales para miles de personas con discapacidad se sostiene a pulmón y sigue adelante gracias al esfuerzo cotidiano de Instituciones que acompañan y persisten pese a aranceles estancados y muy por debajo de lo que deberían percibir.
Hoy, cientos de prestadores abandonaron la actividad por desfinanciamiento. Quedaron miles de personas con discapacidad y sus familias sin atención y los profesionales sin trabajo. Los atrasos en los pagos superan los 120 días, y los aranceles continúan un 50% por debajo de los costos reales. En este alarmante contexto, las autoridades nacionales incumplen con la Ley de Emergencia en Discapacidad y anuncian exiguos incrementos que recién se terminarán de recibir en el mes de abril de 2026.
Leé también: La organización que genera empleo y derriba prejuicios sobre las personas con discapacidad
Frente a esta realidad, sobran ejemplos del deterioro cotidiano. Un terapista, un psicólogo, un psicomotricista o un kinesiólogo hoy recibe $12.000 por sesión. Un transportista, apenas $540 por kilómetro, un trabajador de un taller protegido percibe $28.000 mensuales. Son cifras que hacen imposible sostener equipos, cubrir insumos básicos o mantener vehículos adaptados. En muchos casos, profesionales con años de experiencia debieron abandonar el sistema porque ya no pueden vivir de su trabajo. Y a las familias, lejos de aliviarles, se les exige paciencia frente a una crisis que no provocaron.
En paralelo, desde el Gobierno sostienen que no aplican la Ley de Emergencia en Discapacidad con la justificación de que “afecta el equilibrio fiscal”. Mientras apelan a maniobras judiciales dilatorias en el amparo que presentamos en el Juzgado Federal de Campana y niegan recursos esenciales, se conoce que la gestión de Diego Spagnuolo en la ANDIS habría montado un sistema de sobrefacturación con grandes laboratorios, desviando fondos que estaban destinados para las personas con discapacidad. El contraste es imposible de ignorar, los fondos están, pero en el lugar equivocado.
Leé también: Se quiso matar, perdió los brazos y se reinventó como actor: la historia de Leandro de División Palermo
La Ley de Emergencia en Discapacidad no es un reclamo sectorial. Es una herramienta imprescindible para ordenar el financiamiento, garantizar la continuidad de tratamientos y evitar que más instituciones cierren sus puertas. Nuestro pedido es simple: Que se cumpla la ley y se garanticen los derechos del colectivo.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reafirmamos que la inclusión no se declama: se garantiza. Y para eso se deben tomar decisiones, no demorar con estrategias para entorpecer la aplicación de lo que se decidió en democracia. La emergencia está documentada, es visible y golpea todos los días. Lo que falta es voluntad política para asumirla y actuar. Porque suspender una ley no suspende la realidad. Y la realidad de miles de personas con discapacidad no puede esperar.
Alex Goldman es miembro del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS)
