El decreto 222/03, que regula el proceso de selección de los jueces, ha marcado una mejora significativa. Sin embargo, resulta insuficiente para garantizar perfiles idóneos. Mas allá de los requisitos formales, establecidos en el artículo 111 de la Constitución Nacional, es necesario considerar la evaluación de la idoneidad técnica y jurídica de los candidatos.
Un juez de la Corte Suprema debe demostrar no sólo un conocimiento jurídico profundo, sino también un compromiso ético inquebrantable. Deben ser personas de impecable índole moral, con una formación académica sobresaliente y un profundo entendimiento del Derecho Constitucional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.
Leé también: Reducir el número de causas que le llegan a la Corte Suprema sería mejor que aumentar el número de jueces
Un aspecto clave: los criterios éticos
El valor de la ética en el desempeño judicial radica en que los magistrados deben poseer una conducta irreprochable para así preservar la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Un juez que no pueda sostener un comportamiento íntegro pone en riesgo la percepción pública sobre la justicia y, con ello, la legitimidad de sus decisiones.
Por otro lado, la reputación publica es un elemento crucial que se debería valorar al evaluar a los magistrados. Es necesario considerar el historial profesional, incluyendo el desempeño en cargos previos, las opiniones de los pares y las percepciones de los ciudadanos que han interactuado con los candidatos. Se deberían incluir mecanismos que permitan analizar de forma objetiva la confianza que genera cada magistrado, asegurando que quienes lleguen la Corte Suprema sean personas que inspiran respeto y credibilidad.
Otra cuestión crucial es la capacidad de tener una sensibilidad jurídico-política. La experiencia política debe ser entendida como un elemento que, bien gestionado, puede enriquecer la función judicial. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre una adecuada sensibilidad jurídico-política y la preservación de imparcialidad, para garantizar que esta sensibilidad no desplace la primacía de la norma jurídica, evitando interpretaciones excesivas que pongan en riesgo la previsibilidad del derecho.
Diversidad de género
Otro aspecto importante a considerar, aunque no necesariamente como parte del perfil técnico o ético, es la diversidad de género. El decreto no define un estándar concreto sobre qué se entiende por “diversidades de género” y esta falta de precisión podría sugerir que la participación de mujeres no sea un requisito imperativo, cuando en realidad debería serlo, ya que la pluralidad de género en los cargos públicos es una obligación jurídica vinculante derivada del bloque de constitucionalidad.
El desafío, entonces, radica en mejorar el sistema de selección para priorizar la calidad sobre los acuerdos políticos. Esto implica establecer criterios claros y exigentes que permitan evaluar de manera rigurosa la trayectoria, reputación y compromiso de los candidatos. La Corte Suprema no solo interpreta la Constitución: sus decisiones modelan la sociedad, fijan precedentes y afectan derechos fundamentales.
Garantizar una justicia confiable exige jueces que combinen excelencia técnica, ética irreprochable y una visión democrática. El Estado debe asegurar un proceso transparente que seleccione a los mejores perfiles, no solo para cumplir con la ley, sino también para construir una justicia que inspire respeto y legitimidad.
Porque en última instancia, solo con jueces íntegros y capaces podremos fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
(*) Ana Paula Matteoda. Facultad de Ciencias Jurídicas USAL
