La maternidad subrogada o gestación por sustitución es una realidad cada vez más extendida en la Argentina y en el mundo que, como otras posibilidades que brinda el avance de la ciencia, genera un debate entre partidarios y detractores.
Hay países donde está permitida como Albania, Armenia, Kazajistán, Georgia, Israel y Ucrania -además de cuatro estados de los Estados Unidos (California, Colorado, Florida y Nueva York)- y otros en los que está prohibida como Italia, España, Alemania, España, Italia, Suecia y Suiza.
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En Latinoamérica, la maternidad subrogada está legalizada en Brasil, Cuba, Puerto Rico y Uruguay, pero no en la mayoría de los países, entre ellos la Argentina, naciones donde, sin embargo, es cada vez más habitual porque se argumenta que no está prohibida, sino que hay un vacío legal.
Como consecuencia de esto, el recién nacido es anotado como hijo de quienes recurrieron a esta práctica y, por lo tanto, no se reconoce la maternidad de quien lo gestó porque se considera que fue solo eso: una gestante.
Quienes defienden la gestación por sustitución afirman que es una técnica que permite hacer efectivo el “derecho a la maternidad o a la paternidad” o “el derecho a formar una familia” cuando de modo natural no es posible por problemas reproductivos o cuando se trata de una pareja gay (aunque también recurren mujeres que no quieren transitar un embarazo y hombres solos). Y que su práctica solo requiere del libre consentimiento entre personas adultas, emocionalmente maduras y debidamente informadas.
Eso sí, muchos de sus defensores dicen que en ningún caso se debe pagar a la mujer que va a gestar el nuevo ser porque las personas no pueden comprarse ni venderse, sino que tiene que ser el resultado de una actitud altruista. Más allá de que señalen esta premisa y quieran cumplirla y hacerla cumplir, no la tienen fácil: en los países donde la subrogación de vientres es legal, como donde no lo es, se está convirtiendo en un negocio. Acaso dirán que, como ocurre con otras cosas, eso es inevitable.
Actualmente, en la Argentina se están tramitando dos causas por el presunto delito de trata de personas vinculadas a la subrogación de vientre. Una, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Alejandra Mángano, en una clínica de Santa Fe. Y otra, a cargo de los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella, en una clínica de Córdoba. Concretamente, se investiga si personas ligadas a esos sanatorios captaban a mujeres pobres para gestación por sustitución a cambio de dinero.
Quienes se oponen sostienen que constituye una práctica que cosifica a la mujer, al convertirla en un mero instrumento reproductivo que daña su dignidad; que no tiene en cuenta los eventuales perjuicios físicos y psicológicos de ella, que se corre el riesgo de promover la explotación de mujeres de escasos recursos que necesitan el dinero para subsistir, y, en fin, que como en los hechos resulta muy costosa solo puede acceder a ella los que tienen recursos económicos.
Desde un plano jurídico, quienes se oponen, como el profesor de Derecho de la UCA, Nicolás Laferriere, afirman que no existe el ‘derecho al hijo’, sino el derecho del hijo. Esto implica el respeto a su dignidad con especial cuidado por ser menor. Mientras que la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, Susana Medina, suele mencionar una cuestión práctica: “No es habitual -señala- que mujeres ricas presten su cuerpo para una gestación por sustitución”.
A su vez, el presidente del Instituto de Bioética de la UCA, el padre Rubén Revello, señala que la Iglesia católica se cuenta entre los que rechazan la maternidad subrogada porque -dice citando varios documentos- estás técnicas “separan la procreación de la unión conyugal, instrumentalizan al niño y a la mujer reduciéndolos a medios para un fin y porque van en contra del principio de que la vida humana es un don que no puede ser objeto de contrato”.
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Precisamente, la Iglesia católica fue acusada de haber ejercido una influencia decisiva para que la Corte Suprema rechazara la semana pasada el pedido de un matrimonio gay para ser reconocidos como progenitores únicos de un niño gestado por sustitución y reconoció la maternidad de la mujer que cursó el embarazo. En primera instancia, el juez había concedido el pedido, pero no la cámara en la segunda.
La Corte invocó el artículo 562 del Código Civil y Comercial reformado en 2018 que dice que “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida (obviamente no puede remitirse a la maternidad subrogada porque no está legislada) son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre (…) con independencia de quién haya aportado los gametos”.
En cambio, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez considera que como ese artículo dice al referirse a las técnicas de reproducción humana asistida que quien dé a luz “también” debe prestar la voluntad procreacional para que se pueda determinar en favor de ella la maternidad, y como “en este caso la gestante jamás prestó voluntad procreacional, hay que concluir que no se le puede asignar vínculo filial alguno”.
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Por otra parte, la Corte dice que en primera y segunda instancia no se logró corroborar que la madre hubiera actuado de manera libre, desinteresada y gratuita, lo cual deja la sospecha de trata con fines de explotación reproductiva y comercio de niños. Y pidió al Congreso que legisle en la materia. A su vez, Gil Domínguez aseguró que la subrogación fue altruista y calificó el fallo de “homofóbico”.
Ahora bien: ¿Tuvo algo que ver la Iglesia católica con el fallo? ¿Tiene la influencia que algunos le atribuyen? La historia reciente desde la vuelta de la democracia lo viene desmintiendo. Acaso el primer síntoma fue la designación por parte del presidente Raúl Alfonsín de un ateo -Jorge Sábato- como ministro de Educación, dado que ese cargo siempre era ocupado por un católico.
Luego vinieron las leyes de divorcio y, más adelante, de matrimonio igualitario hasta llegar en los últimos años a la legalización del aborto con un pontífice argentino. Por no hablar de una causa por delitos de lesa humanidad en la que el entonces cardenal Jorge Bergoglio tuvo que declarar como testigo ante abogados que querían que terminara siendo imputado.
Eso sí: la Iglesia católica, como las demás confesiones y todas las instituciones y ciudadanos tienen derecho a expresarse públicamente y llevar sus inquietudes al Congreso. Como seguramente ocurrirá cuando se trate la maternidad subrogada, sobre la cual hay varios proyectos presentados. Pero nada asegura que prevalezca su posición.
