Las esquirlas de los proyectiles que se tiraron entre Javier Milei y Axel Kicillof en la puja entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro por la mayor inversión de la historia argentina todavía lastiman a la política. Río Negro cantó triunfo esta semana, porque la planta que licuará el gas de Vaca Muerta se instalará en la localidad de Sierra Grande y no en Bahía Blanca. Sería una inversión de por lo menos 30.000 millones de dólares y convertirá a la Argentina, que hoy importa gas licuado, en uno de los mayores exportadores a nivel mundial.
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El gobernador bonaerense está que trina. Atrás quedaron los últimos 20 años en los que las provincias se peleaban -no por recibir-, sino por rechazar cualquier tipo de “megaproyecto” minero o industrial para cuidar el medio ambiente.
La semana pasada también la provincia de San Juan descorchó champagne porque la mayor minera del mundo, la australiana BHP, anunció que desembarca para desarrollar dos proyectos junto a la canadiense Lundin: Josemaría y Filo del Sol, que traerá al país otros 10.000 millones de dólares para explotar oro y cobre: fruto de la ley que creó el RIGI como instrumento para bajar o eliminar impuestos a grandes inversiones.
En las gateras ya hay otros 34 proyectos de minería en Malargüe, en el sur de Mendoza. Justamente fue esa provincia que asombró a los medios mundiales, cuando los ecologistas se alzaron en 2019 contra un primer intento de ese departamento provincial que autorizaba la actividad minera: estaba la ley, y radicales y peronistas se pusieron de acuerdo en que, aunque fuera en el desértico Malargüe, se permitiera esa industria que prometía no solo regalías a la provincia, sino fuertes inversiones, muchos puestos de trabajo muy bien remunerados y muchos dólares de nuevas exportaciones para el país.
Las protestas en Mendoza duraron más de una semana. La política tuvo que dar marcha atrás.
Meses más tarde, la legislatura de Chubut había aprobado una ley similar que permitía desarrollar una enorme mina de plata en el desértico y paupérrimo departamento de Meseta Central. Otra vez se puso de acuerdo toda la política. Viajó incluso el entonces presidente Alberto Fernández a esa provincia, y su vehículo fue recibido a los piedrazos por ecologistas violentos: “nada de minería”.
Los ambientalistas arrasaron la capital, Rawson, rompieron todo e incendiaron la legislatura provincial. Imágenes que dieron la vuelta al mundo espantando inversores.
Una década atrás, la localidad de Esquel, en la misma provincia, se había convertido en la primera de una serie de protestas ecologistas en resistir a una minera canadiense que pretendía invertir para extraer oro en esa zona.
Inolvidable, el ya difunto cineasta y político de izquierda Fernando “Pino” Solanas paseando por los noticieros de aquellos años, despotricando contra “la Barrick Gold”, que todavía tiene varios proyectos mineros en carpeta y finalmente logró instalarse en San Juan.
Más al norte, en La Rioja, ambientalistas organizaron al pueblo de Famatina, que a lo largo de una década rechazó a cuatro grandes mineras multinacionales que pretendían instalar una mina de plata: “el Famatina no se toca”, era la consigna.
Casi todas estas protestas tuvieron eco en manifestaciones ecologistas en el centro porteño: la plata y el oro seguirán bajo tierra -por ahora- en Chubut y La Rioja, pero ahora varios de los más de 300 proyectos mineros que están en carpeta en la Argentina se podrían empezar a concretar en otras provincias en los que empezaron a mirar las inversiones, los puestos de trabajo y las exportaciones con algo más de cariño.
La Argentina durante dos décadas se dio el lujo de rechazar cientos de miles de millones de dólares en inversiones en diversas industrias esgrimiendo consignas ecologistas sin aceptar las informaciones que daban las empresas que prometían una producción ambientalmente sustentable.
Quizás la más sonada fue la protesta contra las “pasteras” uruguayas de capitales finlandeses a principios del milenio. “Fuera Botnia”, resonaba no solo en Gualeguaychú, Entre Ríos, sino en stickers en los paragolpes de los autos que circulaban en Capital.
La productora finesa de pasta de papel instaló la primera planta de un polo papelero en la uruguaya Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, aunque originalmente quería hacerlo en la orilla argentina. Pero por los exorbitantes “peajes” que le pretendía cobrar la política provincial con el gobernador peronista Jorge Busti a la cabeza terminaron eligiendo costas más “amigables” en la otra orilla del río.
La materia prima forestal estaba en la Mesopotamia argentina. De no haberse vuelto militantemente “antipapeleras”, otras plantas se habrían instalado después en Entre Ríos, cerca de la ciudad de Concordia, la zona urbana más pobre de la Argentina.
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Hoy la ex Botnia y otras papeleras que se fueron construyendo en los últimos 20 años aportan el diez por ciento de las exportaciones uruguayas. Uno de sus importadores es la Argentina. Las odiadas “pasteras” se fueron instalando también en el sur de Brasil. Otra productora sueca de pasta de celulosa se está construyendo en Paraguay.
La Argentina seguirá mirando a la industria de la pasta de celulosa “por TV”. La terrible contaminación del aire y el agua y la lluvia ácida que prometían los ecologistas entrerrianos en estos 20 años nunca se comprobó. Por aquellos días, los finlandeses llevaron a un contingente de periodistas a Finlandia para que respiraran el aire y bebieran el agua que salía de sus plantas en los prístinos lagos fineses. Lo comprobaron, lo informaron, pero igual los argentinos no les creyeron: somos desconfiados por naturaleza.
Hoy el río Uruguay está más contaminado por los desechos cloacales de la argentina Gualeguaychú que por la “pastera” finesa de la uruguaya Fray Bentos.
La historia de los últimos 25 años de la Argentina es la historia de sus triunfos ecologistas y fracasos industriales: con mineras, papeleras, pero también en el agro, el rubro más fuerte del país, la Argentina se dio el lujo de decirle que no a todo tipo de desarrollos que podrían haber cambiado la suerte de crisis económica crónica que caracterizó al país.
La estadounidense Monsanto -luego comprada por la alemana Bayer- quería invertir en 2015 cerca de la capital cordobesa, miles de millones en la mayor planta del mundo de semillas genéticamente modificadas. Se empezó a instalar en la localidad de Malvinas Argentinas, a pocos kilómetros de “La Docta”. Pero el movimiento ecologista le dijo que no, y terminó levantando campamento.
Vientos de cambio
¿Quedó ahora atrás ese ambientalismo que impedía muchos de los desarrollos que hubieran generado puestos de trabajo y dólares que tanto escasean en la economía argentina? ¿El libertario Milei, manifiestamente antiecologista, exorcizó el ambientalismo militante de la opinión pública argentina, o los argentinos se fueron dando cuenta con el tiempo que su país es demasiado pobre como para rechazar tantas inversiones?
La última encuesta nacional de la Universidad de San Andrés, que pregunta recurrentemente cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos, muestra que la agenda ambiental está al final de la tabla, con apenas 2 por ciento. Lideran pobreza, bajos salarios, inflación y delincuencia.
Un panel de 90 expertos en comunicación reunido por la revista especializada Imagen es contundente: “Hoy no se repetiría una protesta como la de Botnia, 20 años atrás”, opina el 56 por ciento, contra apenas 20 por ciento que cree que los ecologistas se volverían a imponer. Para dos tercios de esos profesionales de comunicación empresaria, la opinión pública argentina hoy está más cerrada que nunca a las consignas ambientalistas.
Los jóvenes, que lideraban esas protestas 20 años atrás, y que el año pasado votaron mayoritariamente al libertario Milei, hoy parecen entender que la Argentina no puede depender solo de “una buena cosecha”, porque ven que el estándar de vida de sus vecinos chilenos y uruguayos es mayor: nos duplican en PBI per cápita. Esos países no tienen falta de reservas de dólares recurrentemente, como la Argentina.
De hecho, la sequía extrema de 2023 y su magro resultado en exportaciones terminó de convencer a muchos políticos que el país es económicamente inviable si solo depende del agro para generar dólares. Sergio Massa le echa la culpa a esa sequía por su derrota electoral. Algo de razón tiene.
Hoy Chile, con la mitad de habitantes que la Argentina, exporta en minerales más que todo el agro argentino. La cría del salmón en el sur de Chile -prohibida en la provincia de Tierra del Fuego por reparos ecologistas- duplica las exportaciones argentinas de carne vacuna.
Para el consultor de comunicación empresaria Aldo Leporati, contratado 20 años atrás por la finlandesa Botnia para intentar explicar -tarde- lo que los argentinos no querían creer (que no iba a contaminar), la tendencia a la nueva “permisividad ecológica” de la Argentina también es parte de una tendencia mundial hacia la incorrección política, pero que “en un país en el que la pobreza supera el 50 por ciento, “el tema diversidad y medio ambiente hoy no es la prioridad de la opinión pública”.
