Históricamente, la discusión teórica sobre discapacidad está enmarcada en modelos que pretenden ofrecer instrumentos para interpretar las necesidades y posteriormente generar conceptos que evolucionen hacia una mejor calidad de vida. Es importante que estén basados en nuevas hipótesis que evalúen la influencia de las sociedades en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La realidad de estas personas y su interacción en el contexto social fue evolucionando, avanzando sobre legislación y conceptos que deben ser contemplados para incluir de forma autónoma a todos sin ningún sesgo. Sin embargo, la actualidad argentina para las personas con discapacidad es incierta y por lo menos inquietante, lo que imposibilita una integración social real; aún más en el marco de un contexto económicamente excluyente y con una inexistente educación que concientice sobre la discapacidad. En la actualidad, no existen porcentajes precisos sobre cuántas personas con discapacidad hay en el territorio nacional, ni cuáles son las condiciones generales que atraviesan estas personas, impidiendo generar estrategias sobre políticas públicas que brinden soluciones.
Leé también: Lanzan una campaña para que los derechos de las personas con discapacidad estén en la agenda de los candidatos
El último Censo Nacional del 2022 no arrojó las respuestas necesarias en cuanto a esta temática, y erró el foco de consulta porque hizo hincapié en terminologías sectarias por sobre las respuestas estadísticas ideales para implementar soluciones. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial consideran, según sus mediciones, que un 15% de la población argentina contempla algún tipo de discapacidad: dentro de una población de 46 millones de habitantes, el número promedio de personas con discapacidad seria de 6,9 millones.
Elecciones y discapacidad
Es un derecho de todas las personas con discapacidad poder participar de las elecciones y votar, cumpliendo con su rol cívico contemplado en la Constitución Nacional. El Estado tiene la obligación de eliminar las barreras que impidan ejercer el derecho al voto de forma autónoma, incorporando rampas de acceso y desplazamiento, incluyendo señalética y dispositivos que visualicen los sectores y brinden información útil.
Otro punto importante es capacitar a las autoridades de mesa, agentes de seguridad y policiales, además de los responsables fiscalizadores, sobre las dinámicas comunicativas inclusivas y necesarias para una correcta interacción. Se estima que las personas con discapacidad pueden solicitar el voto asistido; por ejemplo, con discapacidad visual, ingresar al cuarto de votación con un acompañante y/o su perro guía o poder solicitar asistencia al presidente de mesa. En el caso de cualquier otra discapacidad, puede contemplarse la concurrencia a través de cualquiera que esté disponible o sea seleccionado, solo pudiendo asistir por única vez a cualquier persona con discapacidad durante el acto eleccionario.
La posibilidad de elección debe de ser incluida dentro de las dinámicas de comunicación y difusión inclusivas, para permitir a las personas con discapacidad ejercer el derecho cívico de forma equitativa. El propósito de fomentar la igualdad debe de estar presente en la información electoral para toda la ciudadanía. Para ellos se deben generar formatos, herramientas y estructuras accesibles. La Dirección Nacional electoral (DINE) expones en su portal oficial la divulgación de todo el contenido electoral en formatos accesibles y adaptados para las personas con discapacidad, incluyendo el debate presidencial. Durante la jornada electoral, el ejercicio de la votación puede ser desarrollado en un Cuarto Oscuro Accesible (COA) destinado al sufragio de las personas con discapacidad, las cuales tienen prioridad de voto, así como también, los adultos mayores y las personas gestantes y/o con niños.
Leé también: Fiestas Kiki, las noches en las que las personas con discapacidad perrean, seducen y se divierten
En todo acto social masivo pueden surgir barreras conductuales que generen obstáculos durante el ejercicio cívico y provocan situaciones imprevistas y de confusa resolución. Estas barreras pueden ser arquitectónicas, comunicacionales, de comprensión, de mecanización, entre otras. Teniendo en cuenta estas posibilidades, es necesaria la capacitación y la concientización social sobre diversidad y discapacidad: concepto que se aborda desde distintas barreras existentes en el entorno y que dificultan la interacción entre las personas, con deficiencias mentales, intelectuales, sensoriales o físicas, siendo contempladas en el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La concientización sobre la importancia de la accesibilidad es clave para crecer como sociedad y transformarnos en una comunidad realmente inclusiva. De forma integral es que debemos de considerar el promover la autonomía necesaria para construir espacios accesibles para todos.
Gustavo Fulco Ramos, profesor universitario de la Facultad de Comunicación de UADE y especialista en Comunicación Institucional y Discapacidad.
