Cinco años después del inicio de las tomas en Villa Mascardi finalmente fuerzas federales desalojaron esta semana a supuestos mapuches que ocupaban previos en la zona, pero no parece que el operativo haya sido el principio del fin del conflicto. Es que la inacción del Estado e incluso su complicidad con las tomas lo agravaron provocando una escalada que podría asemejarse a la dramática situación que se vive en el sur de Chile.
No se trata de ser alarmistas. Tampoco incautos. En la Iglesia patagónica hay quienes consideran que los presuntos mapuches están siendo financiados por los sectores más radicalizados de los pueblos originarios del país trasandino que reclaman la propiedad de tierras. La posibilidad de que el reclamo violento se vuelva uno solo a ambos lados de la cordillera no debería ser subestimada, advierten esos observadores.
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Todo comenzó con una sintonía ideológica del Frente de Todos con los presuntos mapuches que demoró una intervención. No es casual que la saliente ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, haya sido la abogada de uno de los líderes de las tomas, Jones Huala, prófugo de la justicia, y haya renunciado por considerar que en el desalojo presuntamente se violaron los derechos humanos.
De hecho, el operativo de desalojo no parece haber surgido de una preocupación por la seguridad de los vecinos y del respeto a la propiedad privada, sino por un acuerdo del Frente de Todos con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, necesitado de tranquilizar a los votantes de su provincia, a cambio de votar leyes como el presupuesto y el aumento del número de miembros de la Corte.
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Las tomas incluso fueron apoyadas por las máximas autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuya presidenta, Magdalena Odarda, renunció en agosto jaqueada por las acusaciones de permisividad. Su vicepresidente, Luis Piquelman, directamente llevaba gente y alimentos en su camioneta para las tomas, como denunció la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras.
Sin embargo, la gobernadora debería tener en cuenta que su provincia -como otras- está incumpliendo la Ley 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada tres veces, que ordena a los estados provinciales realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras que ocupan las comunidades indígenas con personería jurídica inscripta en el INAI, como punto de partida ante los reclamos.
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El obispo de la diócesis de Bariloche y los dos pastores evangélicos de la zona afirmaron tras el desalojo que “es indispensable” realizar el relajamiento territorial, no solo para cumplir con una ley, sino “con la Constitución nacional que en su artículo 75, inciso 17, establece el reconocimiento de las comunidades indígenas y el otorgamiento de tierras aptas y suficientes para su desarrollo”.
De todas maneras, monseñor Juan José Chaparro y los pastores Narciso Weiss (luterano) y Maximiliano Heusser (metodista) subrayan que “las personas de fe no podemos dejar de advertir que la violencia en los reclamos no es una manera acertada de hacerlo”. Aunque también señalan que “tampoco lo es la violencia del Estado al desoír los reclamos y no brindar soluciones en tiempo y forma”.
Pero la Iglesia no la tiene fácil en esta problemática. El organismo específico que depende de la Conferencia Episcopal, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), no condenó las usurpaciones violentas y los ataques a los vecinos. Pero sí manifestó su preocupación por “el operativo con enorme despliegue policial realizado en la fecha, con detenciones incluso de mujeres y de niños”.
No obstante, como lo hacen el obispo y los pastores, ENDEPA también denuncia que “desde la sociedad advertimos una creciente estigmatización de los reclamos de estos pueblos, que llega hasta la negación de su existencia misma como pueblos, lo que puede notarse en los medios de comunicación y en las declaraciones, incluso, de dirigentes políticos y funcionarios públicos”.
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Coinciden, además, en el diálogo como la única vía de solución de los conflictos. Pero el problema es que, más allá de la actitud violenta de los supuestos mapuches y la ideología de los gobernantes, los políticos no parecen tener ni la credibilidad, ni la capacidad para encarar un diálogo realmente fructífero. También la Iglesia, históricamente mediadora, parece tenerlos hoy.
No puede perderse de vista que uno de los predios usurpados es el del obispado de San Isidro que, tras una presentación judicial, concluyó con una orden de desalojo que el propio obispado decidió detener por temor a una represión violenta que costara alguna vida. Ahora, parece dispuesto a ceder el terreno a los supuestos mapuches con tal de no ser parte del conflicto.
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Con un Estado -el primer y gran responsable- ineficaz y hasta cómplice e instituciones no gubernamentales que prefieren borrarse -la Iglesia ni siquiera se atreve a condenar la vandalización de templos por parte de los supuestos mapuches para no hacer olas- es aún más difícil empezar a superar las usurpaciones violentas. Peor aún: agravan el problema.