Esta es la tercera vez que un funcionario del gobierno de Alberto Fernández anuncia un programa para la regulación de contenidos en redes sociales. En abril de 2020 fue la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con el ciberpatrullaje; en 2021 la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, con el observatorio NODIO y ahora el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, con el programa oficial para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales.
En un anuncio poco feliz, plasmado en un documento que distribuyó a la prensa, donde el funcionario genera un programa en el ámbito del Consejo Económico y Social, confundiendo la separación entre la academia, la sociedad civil y las organizaciones periodísticas, que es donde el debate sobre discurso de odio y desinformación debe darse naturalmente, para mezclarlo con el rol del Estado y la neutralidad que al parecer no respeta sobre la formación del debate público y la opinión ciudadana en las redes sociales.
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Regular contenidos es inconstitucional, pero además cuando se lo intenta desde la secretaría de Beliz, que debe ocuparse de promover consensos y articular a los sectores políticos, sociales y económicos para lograr propuestas de desarrollo, todo se vuelve más peligroso.
En el anuncio, Gustavo Beliz señala que el gobierno va en búsqueda de profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, a fin de que “dejen de intoxicar” el espíritu de la democracia, como si la voz del gobierno pudiera definir cuál es el contenido tóxico. De ser así, todas las otras voces, políticas, sociales, culturales o religiosas, podrían ser pasibles de sanciones o de considerarse nocivas si no se ajustaran a los parámetros oficiales de discurso o a su propia perspectiva ideológica.
Por eso alertamos que los contenidos en Internet no deben ser regulados, el Estado no tiene por qué convocar a las universidades a definir cuál es el funcionamiento de las redes sociales, al contrario, cuanto más alejado del gobierno y más plural y multidisciplinario sea el debate sobre prácticas Ilegítimas en internet o fake news, más robusta será nuestra democracia.
En ese sentido, la Fundación LED advierte que el proyecto anunciado se suma a anteriores intentos del Gobierno Nacional, para intervenir sobre los contenidos de las redes sociales, en distintas circunstancias desde el año 2020. “Todo intento de regulación sobre contenidos o control del funcionamiento de las redes sociales implica lesionar y poner en riesgo los derechos que la Constitución Nacional garantiza”, señala nuestra entidad en un documento.
Por su parte, la ley 26.522 es la única que puede regular contenidos en los medios audiovisuales y lo hace estrictamente en temas vinculados a protección de la minoridad, o normas específicas. El Poder Ejecutivo no puede regular contenidos generales. Lo que vuelve más preocupante aún el anuncio, cuando en el brief difundido oficialmente en su punto 3° se convoca a radios, televisión y prensa gráfica a participar del programa, cuando es el ENACOM, la autoridad de aplicación que, al contar con la oposición como parte del directorio, es quien tiene la exclusividad de la relación regulatoria con los medios de comunicación audiovisuales.
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LED dará seguimiento a la evolución de este caso, lo incorporará a sus informes a fin de que tomen conocimiento del mismo los organismos internacionales en la materia que nuestro país integra y continuará trabajando para que la sociedad en general y quienes ocupan responsabilidades de gobierno en particular comprendan que la labor de la prensa independiente sin condicionamientos ni restricciones constituye un requisito fundamental para el plan vigencia de las garantías que contempla nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran.
*Silvana Giudici es titular de la Fundación Led y es directora por la oposición del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
