Esta semana se conoció que la Hidrovía quedará bajo control estatal por los próximos 12 meses. El decreto, publicado el jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Fernández, le otorga la concesión a la Administración General de Puertos (AGP), por lo que este organismo tendrá la facultad de cobrar los peajes y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativa la vía navegable. Según la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), por la Hidrovía se exporta más del 85% de las cargas agroindustriales, siendo este el rubro que explica entre el 70 y 75% del ingreso de dólares provenientes del comercio exterior. Se trata de una ruta fluvial estratégica, por lo que cometer errores puede costarle a la Argentina muchos recursos.
Pero este avance estatal no se limitó solo a la Hidrovía: esta semana el gobierno también anunció que los trenes de carga de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca regresarán a manos del Estado. Es decir, tenemos hoy un Estado más grande que el que teníamos hace apenas una semana atrás. Recordemos, además, que hace tan solo 15 días, Cristina Kirchner volvió a pedir por una reforma integral del sistema de salud, encendiendo las alarmas de las prepagas. Las dudas respecto a qué se refería Cristina aún persisten, pero el clima de época está bastante claro.
El Estado argentino es hoy una maquinaria vetusta, elefantiásica e ineficiente, que crece cada vez más, pero falla en casi todo lo que emprende. No solo fracasa en administrar eficientemente empresas u organismos sofisticados (YPF, Aerolíneas Argentinas, AFJP/ANSES), también es incapaz de suministrar los bienes públicos más esenciales (salud, educación, seguridad, justicia), garantizados por la Constitución. Luego de 7 años bajo control estatal, YPF vale hoy USD 1.800 millones, mucho menos que los USD 5.000 que pagó Axel Kicillof en 2014 por el 50% de la compañía.
La estatización de las AFJP le otorgó al kirchnerismo una enorme caja que se fue consumiendo: hoy el sistema jubilatorio está desfinanciado y en crisis. Aquellos que más aportes realizaron durante su etapa activa son los grandes perjudicados, con una pirámide que se achata cada vez más e iguala hacia abajo todos los haberes. Por último, Aerolíneas Argentinas se transformó en un gran agujero negro de recursos públicos: según datos publicados por la propia aerolínea entre 2008 (momento de su estatización) y 2020, el Estado Nacional le transfirió un acumulado de USD 6.722 millones para que pueda operar.
En materia de bienes públicos esenciales no hay mucho para agregar: los resultados en materia de educación, seguridad, justicia o salud están a la vista. El Estado solo exhibe buenos resultados en pequeñas islas de eficiencia como INVAP, algunos grupos de investigadores del CONICET o Universidades nacionales, que representan la última trinchera de prestigio en el Estado.
En algún momento la sociedad argentina deberá dar un debate profundo y sincero respecto al Estado que queremos y necesitamos. Es necesario dejar de lado las mezquindades políticas para encontrar consenso en una reforma que busque optimizar su funcionamiento y modernizar los roles de las agencias estatales: fijando responsabilidades claras para aquellos que ocupen cargos de gestión, imponiendo sanciones cuando corresponda, y estableciendo prioridades para recortar lo que sobra y ampliar lo que haga falta.
Durante la década del 90 se desplegó una ola de reformas del Estado que vino a resolver problemas que se arrastraban de décadas anteriores, muchos de ellos similares a los que tenemos hoy. Sin embargo, dicha reforma quedó trunca con la crisis de 2001 e incluso hubo una reversión en aquellos puntos en los que se había avanzado exitosamente, a partir de una ola inversa basada en estatismo e intervencionismo. Debido a esto, cuando sea necesario encarar una nueva corrección, el Estado que habrá que reformar será mucho más extenso y complejo.
Quien quiera emprender tal desafío deberá retomar una lógica de grandes transformaciones, similares o quizás superadoras a aquellas implementadas en la década del 90. Para eso no solo se requerirá cuadros técnicos muy capacitados sino también un gran poder político.
Las reformas de la década del 90 dejaron muchas lecciones que deberán ser aprehendidas por quienes intenten emprender tal desafío. En primer lugar, la reforma del Estado menemista careció de un criterio de solidaridad, hoy más impregnado en la sociedad argentina (más allá de la apropiación reciente que hizo el kirchnerismo de la palabra). Lo que prevalecía era un punto de vista un tanto ingenuo respecto a la total eficacia de la descentralización: el traspaso de la salud y la educación a las provincias se hizo de manera caótica sin la transferencia necesaria de recursos y esto generó una merma en la calidad de estos bienes públicos y, sobre todas las cosas, una diferenciación marcada entre las distintas jurisdicciones.
En segundo lugar, no se establecieron criterios sensatos de subsidiariedad. El Estado adoptó una visión más bien uniforme y se retiró, dejando un gran vacío en distintas dimensiones de la sociedad civil, sobre todo abandonando a su suerte a múltiples sectores productivos. En áreas donde se requería un bisturí, se utilizó un serrucho. En tercer lugar, los mecanismos y organismos de control fueron insuficientes o incapaces, lo que puso de manifiesto los limites y contratiempos de algunas privatizaciones en el mediano plazo. Probablemente se debió a una visión un tanto naif respecto al comportamiento ético del sector privado que opera bajo ningún control. Todas estas lecciones deberían ser consideradas a la hora de encarar una nueva etapa de reformas.
Hoy los desafíos son mayores porque la credibilidad del Estado argentino es menor a la que existía en los 90. ¿Hay posibilidades de avanzar con nuevas privatizaciones luego de la ola estatista de las últimas dos décadas? “Privatización” parece haberse convertido en una mala palabra debido al clima de época actual y al sobredimensionamiento de algunos errores que sin duda se cometieron durante el menemismo: los casos de éxito, como la privatización de ENTEL, a menudo se olvidan y se juzga la herramienta, no por lo que es en sí misma, sino por el mal uso que en ocasiones se hizo de ella.
// El kirchnerismo y su debilidad por las empresas públicas
Lo cierto es que detrás de cada privatización debe existir un interés privado por invertir en Argentina, y actualmente ese interés es mínimo. Esto puede generar el efecto inverso: el Estado haciéndose cargo de tareas que en principio podría delegar a terceros, dado que los inversionistas privados prefieren no involucrarse por los potenciales costos asociados (estatizaciones repentinas, intervencionismo, regulaciones absurdas).
El control estatal de la Hidrovía en teoría será solo por un año, pero en la Argentina todo lo provisorio se vuelve permanente: la ley de coparticipación que debió actualizarse por mandato constitucional antes de 1996, el impuesto al cheque que se implementó en 2001, las retenciones al campo que también se adoptaron para salir de la crisis, las múltiples leyes de emergencia económica, el cepo al dólar. Si la estatización se extiende en el largo plazo, la Hidrovía podría caer en la lógica del desfinanciamiento y la ineficiencia que tanto caracteriza al Estado argentina.
El kirchnerismo está ansioso por encontrar nuevas cajas en un país en el que todas parecen haberse consumido. La Hidrovía parece una fuente de ingresos fácil por la recaudación que permite el cobro de los peajes, pero si las obras de señalamiento y dragado no se hacen correctamente, los costos monetarios, competitivos y reputacionales pueden ser infinitamente mayores.
