En la Argentina, se estima que el 10% de niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años realiza actividades productivas: la cifra asciende al 19,8% cuando se trata de áreas rurales.
En el actual contexto de crisis económica producto de la pandemia de COVID-19, debemos prestar especial atención a todas aquellas actividades en las que niños, niñas y adolescentes son víctimas de trabajos forzados para cumplir roles que no les corresponden por su edad y desarrollo. Cuando se les atribuye la responsabilidad del cuidado infantil, de las tareas domésticas o cuando son víctimas de explotación laboral o sexual, se están violando sus derechos. Cada vez que se les impide ejercer su derecho a la salud, a la educación, al descanso, al juego y a la recreación, se priva a los niños, niñas y adolescentes de la posibilidad de lograr un desarrollo integral.
El impacto económico de la pandemia en América Latina indica un incremento de casos de trabajo infantil, producto del aumento de la pobreza, generando además un retroceso en el acceso a derechos para millones de niños y niñas. Frente a esta situación, las familias despliegan diversas estrategias de supervivencia que, en ocasiones, implican este tipo de vulneración de derechos, poniendo en riesgo la escolarización y el sostenimiento educativo, especialmente de los y las adolescentes.
Cada vez que se les impide ejercer su derecho a la salud, a la educación, al descanso, al juego y a la recreación, se priva a los niños, niñas y adolescentes de la posibilidad de lograr un desarrollo integral.
Esta es la realidad de la que tomamos cuenta a diario y que intentamos revertir desde nuestros programas trabajando diariamente en la construcción de entornos seguros y protectores, donde los niños puedan desarrollarse plenamente libres de cualquier forma de trabajo infantil, y sobre la base de vínculos afectivos positivos que propician la participación infantil en las actividades y asuntos que les conciernen.
Prevenir la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes y promover el pleno ejercicio de todos sus derechos es una responsabilidad de quienes trabajamos para y con las infancias. El rol del Estado debe ser implementar todos los recursos necesarios para acompañar a las familias tanto en su supervivencia como en la tarea de cuidado, especialmente en un contexto de pandemia. Debemos orientar todos nuestros esfuerzos para que la pandemia no arrase con los derechos de los millones de niños que habitan nuestro país. Sólo así podremos finalmente erradicar el trabajo infantil en la Argentina.
(*) La licenciada Alejandra Perinetti es la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
