En la Argentina, gran parte de la política se juega en tribunales. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, los dos expresidentes que marcaron el rumbo de nuestro país en el pasado reciente y siguen siendo gravitantes para el futuro cercano, se encuentran acechados por causas judiciales que pesan en su contra. Ambos están preocupados por estos expedientes, en especial aquellos que involucran a sus familias, y determinan las prioridades de sus agendas a partir de sus problemas judiciales.
Al margen de las particularidades de cada denuncia y las pruebas que existen para fundamentarlas, en los últimos años vivimos una judicialización exagerada de la política que es expresión de problemas funcionales y valóricos: el viejo dilema de la baja calidad institucional. No obstante, este fenómeno parece no ser exclusivo de la Argentina. Los expresidentes están siendo investigados, procesados e incluso encarcelados en todo el mundo.
Ejemplos en todo el mundo
Solo por mencionar algunos casos: Jacob Zuma, expresidente de Sudáfrica, se enfrentará en mayo a un juicio por corrupción. El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está siendo juzgado actualmente. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a prisión por corrupción y tráfico de influencias. En Estados Unidos, los fiscales de Nueva York están investigando los negocios del expresidente Donald Trump. En Perú, la lista es extensa, desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Martín Vizcarra (2018-2020), los últimos expresidentes han sido acusados por corrupción. En Brasil, las condenas a Lula acaban de ser anuladas, y podría volver a presentarse como candidato, aunque la decisión es procesal y no se expresa sobre el fondo de las acusaciones que deberán volver a investigarse.
El enjuiciamiento a expresidentes alrededor del mundo expone y permite desestimar la tesis del lawfare. Para el kirchnerismo más puro, existe una persecución judicial injustificada hacia líderes populares (Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Cristina en Argentina) como estrategia para detener un supuesto movimiento progresista latinoamericano, sin embargo, el argumento pierde consistencia rápidamente dado que el enjuiciamiento a presidentes por casos de corrupción se trata de un fenómeno generalizado, que atañe a líderes de los más diversos países e ideologías opuestas. Los casos de Uribe en Colombia o de la mayoría de los expresidentes de Perú ponen de manifiesto que las acusaciones de corrupción no parecen tener en Latinoamérica una inclinación ideológica, y que por el contrario tiene una raíz distinta. Tal como lo sostuvieron organizaciones respetadas como Human Rights Watch o letrados prestigiosos como Roberto Gargarella, se confirma que el lawfare es un argumento con endeble fundamento teórico y empírico.
A primera vista, procesar a los funcionarios que incurren en comportamientos ilícitos parece ser esencial para una República: todos deben rendir cuentas y someterse al imperio de la ley. Sin embargo, algunos expertos han comenzado a advertir que en ocasiones, resulta perjudicial para el sistema democrático. Victor Menaldo, James D. Long y Morgan Wack, cientistas políticos de la Universidad de Washington, remarcan que los presidentes y primeros ministros no son personas corrientes. Los elegidos por los ciudadanos para dirigir los destinos de una nación pueden ser muy populares, a veces venerados por sus seguidores. Por ello, los procesos judiciales contra ellos se perciben inevitablemente como políticos y se convierten en divisorios.
Democracias fuertes vs. democracias débiles
La investigación realizada en la Universidad de Washington sobre el enjuiciamiento de líderes mundiales revela que tanto la impunidad generalizada como el exceso en los enjuiciamientos pueden socavar la Democracia. Pero estos enjuiciamientos suponen un riesgo diferente para democracias maduras como Francia que para democracias de baja intensidad como Bolivia.
Las acusaciones de corrupción no parecen tener en Latinoamérica una inclinación ideológica.
Las democracias fuertes suelen ser lo suficientemente eficaces (y el sistema judicial lo suficientemente independiente) para investigar a los políticos que se comportan de una manera inadecuada, incluyendo a altos dirigentes, garantizando la imparcialidad y el debido proceso. La justicia logra que los líderes rindan cuentas y se consolida el Estado de Derecho. De todas formas, incluso en las democracias maduras puede ocurrir que los fiscales o los jueces corrompan los procesos y se deslegitimen las decisiones judiciales (el presidente de los Republicanos, Christian Jacob, sostiene que la sentencia de tres años de prisión a Sarkozy es “absolutamente desproporcionada y expone la persecución del sistema judicial”).
La persecución política excesiva es más probable, y potencialmente más perjudicial, en las democracias de baja intensidad, donde los tribunales y otras instituciones públicas suelen ser poco independientes de la política. Cuanto más débil y dependiente sea el poder judicial, más fácil será para los líderes políticos valerse de éste, ya sea para ampliar su propio poder o para acabar con un oponente.
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Éste es el desafío al que se enfrentan países como la Argentina, que cuenta con un sistema democrático relativamente consolidado pero deficiente y disfuncional en múltiples aspectos (en México, este desafío se afrontó de una manera sencilla pero inevitablemente polémica, con inmunidad para los expresidentes). Los procesos judiciales que afrontan Mauricio Macri y Cristina Kirchner son percibidos públicamente en función de la grieta política que atraviesa a la sociedad. De un lado y del otro, se divisan persecuciones políticas orquestadas por el adversario y el valor de las pruebas (los hechos) son despreciados. Las investigaciones judiciales no solo caen dentro de la grieta, sino que cooperan para ensancharla cada vez más, generando un circulo vicioso que daña al sistema político.
Cuanto más débil y dependiente sea el poder judicial, más fácil será para los líderes políticos valerse de éste, ya sea para ampliar su propio poder o para acabar con un oponente.
Además, por el peso específico que conservan ambos expresidentes, especialmente Cristina Kirchner, quien aún ocupa el centro de la escena política en la Argentina, su preocupación por los temas judiciales termina impactando negativamente en la agenda de política pública. Debido a la preocupación de Cristina, la justicia federal se convierte en el tema más importante para la administración del Frente de Todos (incluso por encima de problemas más gravitantes para los argentinos, como la inflación y la inseguridad). Hay un uso excesivo de recursos y energía para atender a una cuestión que para la realidad de los ciudadanos de a pie reviste menor importancia.
