Entre los 1.794 presos políticos en Venezuela registrados por la ONG Foro Penal, está Jonathan Rodríguez, un joven de 29 años que fue detenido por las fuerzas del chavismo el día después de las elecciones presidenciales, cuando salía de una panadería en Maracay, capital del estado Aragua. Desde entonces, sus familiares piden por su excarcelación.
“Estos meses han sido de agonía extrema porque sabemos que estamos a la deriva, indefensos, estamos en un ritmo incierto y duele muchísimo tratar de hacer frente a todo esto”, lamentó Mariela Estanga, hermana de Jonathan, en diálogo con TN Internacional.
El joven fue detenido el 29 de julio y está recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Este es uno de los penales más peligrosos del país. Al igual que otros civiles, Jonathan no estaba participando en las manifestaciones que denunciaban el fraude electoral, pero quedó atrapado en el medio del caos. “Estaba en plena ciudad donde ocurrieron todos los hechos de protesta, más no actos delictivos, como el gobierno lo pretendió hacer ver. Simplemente mi hermano iba saliendo de una panadería cuando efectivos de la Guardia Nacional, que estaban afuera, lo detienen y quedó privado de libertad, sin derecho a nada”, relató Mariela.
“Ellos no detuvieron a personas que estaban haciendo desastres, no estaban cometiendo ningún delito. Ellos, simplemente, con esta intención de sembrar miedo en la población, decidieron agarrar al primero que encontraban”, resaltó la hermana de Jonathan. Esta aseveró, es una estrategia del chavismo para atemorizar al pueblo y evitar que la gente exprese su descontento. “A mí me da terror lo que le pueda pasar a mi familia. Me da terror lo que le pueda pasar a mi hermano. De hecho, él me mandó una carta con mi mamá y me la pasaron por foto y decía, ‘niña, no publiques nada porque me puede traer problemas’. Todos tenemos miedo. Tenemos miedo y esto lo lograron ellos a raíz de tanta represión”.
Tras enterarse de la desaparición forzada de Jonathan, comenzó la tortuosa búsqueda del centro donde estaba detenido. La cuñada de Mariela tardó tres días en encontrarlo, pero no le permitieron verlo hasta que fue trasladado a una comisaría más grande, aproximadamente dos semanas después.
Mariela detalló que a su hermano lo acusan de ”instigación al odio, resistencia a la autoridad, terrorismo y asociación para delinquir”. “Es un ensañamiento atroz, ellos están buscando 30 años de prisión para todas las personas que detuvieron”, denunció.
Tanto ella como el resto de su familia anhelan que Jonathan cumpla los 30 años en libertad, el 15 de enero, y que pueda recuperarse del horror al que está siendo sometido. “Mi hermano tiene un retraso de siete años. Duele, porque si él fuese una persona más consciente, cualquiera que sabe y entiende de la represión que estaba en esos días al ver unos efectivos de Guardia Nacional afuera, no sale. Él en su inocencia, que caracteriza a las personas con autismo, habrá pensado, ‘bueno, yo no estoy haciendo nada, estoy en una panadería, voy a salir, ¿qué me puede pasar?’”.
Por su condición, Jonathan se regula por el contacto con los animales, y decidió trabajar como pescador, necesita estar rodeado de la naturaleza. Pero ahora, su vida dio un vuelco: tiene más de cinco meses preso, sin derecho a un abogado, solo con un defensor público asignado por el gobierno de Nicolás Maduro. “Está enfermo, desnutrido. Mi mamá también se ha demacrado totalmente, todo por este mismo sufrimiento de no saber y estar así sin él”, remarcó Mariela. “Mi mamá se ha ido a Caracas, porque hay ahora un tribunal especializado en terrorismo, a pedir que, por favor, evalúen la situación de salud de mi hermano, porque además de que se ha enfermado muchísimo dentro de la prisión, ha manifestado que mi hermano tiene autismo, pero no le han dado respuesta de esto”, agregó.
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Para la joven, que se radicó hace cinco años en la Argentina, Jonathan es “como un hijo”, y sueña con poder reencontrarse con él acá. “Saber que está pasando por esto me destruye. Yo hubiese deseado estar ahí y que él sepa que no está solo”, expresó y subrayó: “No pienso callarme. Yo pienso seguir luchando por mi hermano”. Es una batalla que libran los familiares de otros presos políticos, pero al estar en Venezuela, “no se atreven a manifestarse por miedo a represalias”.
No es la primera vez que Mariela sufre las consecuencias de un país convulsionado. En 2019, durante una protesta por los cortes de luz, las autoridades detuvieron al padre de sus hijos, pero luego fue excarcelado gracias a la ayuda de intermediarios. “Ahora, esto se ha radicalizado porque el régimen venezolano ha visto que no tiene apoyo, que hay ocho millones de personas fuera del país, que somos voces de lo que realmente está ocurriendo adentro”, enfatizó.
