Casi un año después de que el Tribunal Supremo derogara el derecho al aborto en Estados Unidos, los sectores ultraconservadores vuelven a la carga. Esta vez, intentan prohibir la mifepristona, un remedio que se usa desde hace más de 20 años y con el que se realizan más de la mitad de los abortos del país.
El brazo ejecutor fue Matthew Kacsmaryk, un juez de Texas que fue nombrado por Donald Trump. El viernes anuló la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de la mifepristona, uno de los componentes de un cóctel de dos fármacos (con el misoprostol) que se puede utilizar en Estados Unidos durante las 10 primeras semanas de embarazo.
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Kacsmaryk tomó esta decisión después de que una coalición de grupos antiaborto creada hace pocos meses -La Alianza para la Medicina Hipocrática- presentara una demanda para congelar la distribución nacional de mifepristona. No eligieron el tribunal al azar, Kacsmaryk es el único juez federal de la ciudad de Amarillo, así que sabían que el caso iba a recaer en sus manos.
Antes de que Trump le diera el cargo, el juez federal fue uno de los asesores legales del First Liberty Institute, un estudio de abogados profundamente conservador que presentó varios litigios sobre el acceso a la salud reproductiva. Desde su puesto, también se opuso a políticas de la administración de Joe Biden para proteger a los trabajadores trans y LGBTI.
Kacsmaryk, en su fallo, se refirió a los proveedores de servicios de interrupción del embarazo como “abortistas” y dijo que el fármaco se usaba para “matar al ser humano por nacer”.
El juez también sostuvo que el régimen de dos medicamentos resultó en “miles de eventos adversos sufridos por mujeres y niñas”, incluido sangrado intenso y trauma psicológico.
“Los extremistas buscan prohibir el aborto”
En diálogo con TN, la ginecóloga Emily Barker, de la de la ONG “pro choice” Physicians for Reproductive Health (Médicos por la salud reproductiva) dijo que “desgraciadamente, esta decisión no fue una sorpresa para quienes trabajamos en el sector”.
“Llevar adelante este caso fue un claro esfuerzo de los extremistas por avanzar en el mismo objetivo que han tenido todo el tiempo: prohibir todos los abortos”, agregó.
“Si la mifepristona deja de estar disponible, afectará a mi capacidad para atender a mis pacientes”, dijo sobre las consecuencias del fallo.
La mifepristona, un remedio considerado seguro
La mifepristona detiene la producción de progesterona e interrumpe el embarazo, mientras que el misoprostol produce contracciones en el útero y provoca la dilatación del cuello uterino para permitir la evacuación del tejido gestacional.
Además, Barker hizo hincapié en que “más de 20 años de pruebas de alta calidad demuestran que la mifepristona es muy segura, más segura que muchos medicamentos que la gente compra sin receta en las farmacias.”
“Es muy eficaz para interrumpir un embarazo, y sabemos que el aborto farmacológico es una opción que prefieren muchas pacientes. Eso es lo que hace que esta decisión sea tan molesta: mi práctica como médica debe guiarse por la mejor investigación clínica. No debería estar determinada por las opiniones desinformadas de extremistas”, sostuvo.
En el mismo sentido, se expresó en Twitter Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood, la mayor organización a favor del aborto legal de Estados Unidos, que gestiona en torno a la mitad de los centros que ofrecen esos servicios en el país:“Debería estar todos furiosos de que la aprobación de un método de aborto seguro y eficaz pueda ser anulada por UN juez”.
“Esta decisión expone hasta dónde llegarán los activistas antiabortistas para restringir aún más el aborto en todo el país”, continuó. “Prohibir o restringir el aborto no reduce la necesidad de abortar, solo bloquea el acceso al mismo. El aborto es asistencia sanitaria y cada una de ustedes merece ese derecho”, dijo en otro mensaje.
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La FDA aprobó el uso del medicamento hace 23 años y se calcula que desde entonces 5,6 millones de estadounidenses lo usaron para interrumpir embarazos.
Una batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema
Horas después del fallo de Kacsmaryk, un juez del estado de Washington, Thomas Rice, dictaminó en un caso distinto que se debe preservar el acceso a la mifepristona en unos 17 estados y el Distrito de Columbia, al considerarla “segura y legal”.
El duelo de opiniones legales, junto con las consiguientes apelaciones, significa que es casi seguro que el asunto acabe ante la Corte Suprema, con mayoría conservadora y el antecedente de haber anulado la histórica sentencia Roe v. Wade, que había consagrado el derecho de la mujer al aborto durante medio siglo.
La respuesta de Joe Biden: “Lo que hizo el juez es completamente injusto”
El gobierno de Joe Biden también multiplica sus esfuerzos. El presidente calificó el nuevo embiste de los conservadores contra el aborto legal como “un paso sin precedentes para quitarles las libertades básicas a las mujeres y poner en riesgo su salud”.
“Es el próximo gran paso hacia la prohibición nacional del aborto que los representantes electos republicanos han prometido convertir en ley en Estados Unidos”, dijo Biden, que será candidato a la reelección.
“Lo que hizo el juez es completamente injusto”, volvió a decir este martes Biden antes de salir de viaje oficial a Irlanda del Norte e Irlanda.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes a un tribunal de apelaciones suspender la sentencia de Kacsmaryk a la espera de una apelación completa. “La orden extraordinaria y sin precedentes del tribunal de distrito debe suspenderse a la espera de la apelación”, sostuvieron en una presentación judicial.
“Si entra en vigor, la sentencia de esa corte frustrará el juicio científico de la FDA y perjudicará gravemente a las mujeres”, agregó el Departamento de Justicia en su apelación, según indicó la agencia de noticias AFP. “Este daño se sentiría en todo el país, dado que la mifepristona tiene uso legal en todos los estados”, afirmó el DOJ.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también condenó el fallo el lunes como un “ataque a la autoridad de la FDA” y advirtió que podría “abrir las compuertas para que otros medicamentos sean señalados y negados a las personas que los necesitan”.
Además, más de 250 ejecutivos de las principales compañías farmacéuticas y biotecnológicas, entre ellos el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, y altos cargos de Novartis, Biogen y Merck, firmaron una carta advirtiendo que un fallo de un juez sin “formación científica” socava la autoridad de aprobación de medicamentos de la FDA y “crea incertidumbre para toda la industria biofarmacéutica”.
Algunos estados se adelantaron ante posibles dificultades para hacerse con el remedio. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su tenían una reserva de emergencia de hasta dos millones de píldoras de misoprostol, que también puede utilizarse por sí solo para inducir un aborto.
“No cederemos ante los extremistas que intentan prohibir estos servicios de aborto fundamentales”, dijo Newsom. “El aborto farmacológico sigue siendo legal en California”.
En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey anunció que el estado del noreste había adquirido 15.000 dosis de mifepristona, una reserva suficiente para todo un año.
La polémica decisión de Corte Suprema de Estados Unidos de revertir el derecho al aborto en junio pasado volvió a poner el tema en el centro del debate político. Según los sondeos, al menos 60% de los estadounidenses quieren proteger el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Actualmente, doce estados de Estados Unidos prohíben el aborto, mientras que otros 14 lo prohíben en algún momento entre las seis y 22 semanas de embarazo, según el Instituto Guttmacher, una ONG que apoya el derecho al aborto.
