El titular de la AFIP, Alberto Abad, confirmó que el organismo lleva adelante una auditoría interna para determinar de qué manera se revelaron datos del blanqueo de capitales que deberían haber permanecido bajo secreto fiscal y admitió que "no se determinó el volumen de la filtración".
En diálogo con la prensa, Abad pasó revista a los hechos sucedidos desde que, el pasado domingo, el diario Página/12 informó que amigos y familiares del presidente Mauricio Macri y de funcionarios de su círculo íntimo blanquearon, en total, activos por 132 millones de dólares.
El artículo, firmado por el periodista Horacio Verbitsky, consignó que Gianfranco Macri, hermano del Presidente, exteriorizó $ 622 millones, un patrimonio casi ocho veces superior al del mandatario. La nota también mencionó a los empresarios Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo (a quien Macri considera su "hermano de la vida"). E involucró a familiares del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del secretario Legal y Técnico de Presidencia, Pablo Clusellas.
Abad relató: "Hubo una publicación periodística que publicó filtraciones. El lunes iniciamos una auditoría interna y se decidió hacer la denuncia penal", por posible violación del secreto fiscal. "La investigación está direccionada a detectar la posible comisión de un delito penal", agregó.
"Estamos en pleno proceso de auditoría e hicimos la denuncia penal; el tema está en manos de la Justicia", reiteró. Al ser consultado sobre la magnitud del incidente, admitió: "No se determinó el volumen de la filtración".
El blanqueo de capitales fue uno de los más grandes de la historia a nivel mundial. Totalizó activos por 116 800 millones de dólares. El 80% de esos bienes está en el exterior: u$s 93 300 millones. Ingresaron al sinceramiento 254 000 CUITs; el 98% correspondiente a personas humanas.
La falta de certezas sobre el alcance de la filtración incomoda al mundo empresario y también a la política.
El funcionario afirmó que AFIP cuenta con el asesoramiento de la consultora Deloitte, "de expertise internacional", para llevar adelante la auditoría, y se excusó de dar precisiones sobre qué funcionarios tienen acceso a los datos secretos. Tampoco descartó que haya habido un hackeo externo: "No sé; ni sí, ni no", dijo.
El martes, renunció a la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones Jorge Enrique Linskens, quien tenía a cargo el resguardo de los datos. En el organismo descartan que el funcionario haya violado el secreto fiscal, aunque era el responsable del área. Ese día, el fisco realizó la denuncia penal, que recayó en el juzgado federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
