Un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial abre la puerta para que el Ministerio de Energía comience a privatizar centrales energéticas y a desprenderse de participaciones en empresas del sector. Y, como al pasar, le cambia el nombre a las represas que se construyen en Santa Cruz. Las presas dejarán de llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic y volverán a sus denominaciones originales, Condor Cliff y La Barrancosa.
Otra mítica empresa estatal del kirchnerismo, Enarsa, dejará de existir. Esa compañía y la también estatal Empresa Binacional SA (Ebisa), que administra Yacyreta, se fusionarán y pasarán a denominarse Integración Energética Argentina SA (IEASA).
Venta de activos
El decreto 882/2017 lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En sus considerandos, anticipa la intención privatizadora, en nombre de la eficiencia: "Con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado, se estima necesario efectuar las adecuaciones pertinentes respecto de las sociedades de capital estatal que desarrollan actividades del sector energético", dispone.
En ese sentido, el Ejecutivo instruye a Energía a "impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia" de las siguientes empresas:
-Centrales Térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López;
-Participación de Enarsa en Citelec Sociedad Anónima;
- Central Dique Sociedad Anónima;
-Central Térmica Güemes Sociedad Anónima;
-Central Puerto Sociedad Anónima;
-Centrales Térmicas Patagónicas Sociedad Anónima;
-Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima (Transpa);
-Dioxitek Sociedad Anónima.
El Estado también se desprenderá de los derechos que le corresponden en las siguientes centrales de generación eléctrica:
-Termoeléctrica Manuel Belgrano;
-Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes);
-Termoeléctrica Vuelta de Obligado;
-Termoeléctrica Guillermo Brown.
En algunos casos, el Estado se desprenderá de participaciones minoritarias. Posee, por ejemplo, el 8,25 por ciento de Central Puerto, la mayor empresa privada de generación eléctrica, según se describe la propia compañía. El accionista mayoritario de Central Puerto es el grupo Sadesa, el holding energético que tiene entre sus principales accionistas a Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" del presidente Mauricio Macri.
Y tiene el 6,7 por ciento de la Central Güemes, en la provincia de Salta. Esta compañía es controlada por Pampa Energía, la firma comandada por otro empresario cercano al Gobierno: Marcelo Mindlin.
Con Mindlin también comparten sillas del directorio de Transener, la transportista eléctrica que "lleva" la energía desde las generadoras hasta las distribuidoras. El Estado se desprenderá del 50 por ciento que posee en Citelec, compañía que tiene el 52% de las acciones de Transener.
En otros, el Estado tiene posiciones de control. Domina el 99 por ciento de la formoseña Dioxitek (el 1% restante es de la provincia de Mendoza). La compañía se dedica a "garantizar el suministro del dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares argentinas", de acuerdo a la web institucional de la sociedad hasta hoy estatal. En este caso, venderá el 51% de las acciones, que debían salir a cotizar en Bolsa.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Energía, la idea que subyace a esta venta es conseguir recursos para pagar obras. El Estado debe pagar las represas de Santa Cruz (unos u$s 4500 millones), terminar la central térmica de Río Turbio (otros u$s 200 millones) y finalizar gasoductos para llevar gas de red al Noreste, la Costa Atlántica, la Cordillera y Santa Fe.
Según cálculos conservadores del Ejecutivo, este desprendimiento de acciones generará al menos u$s 1000 millones. Los procedimientos, prometieron, serán "transparentes", a través de licitaciones.
Los nombres
El artículo 4 del decreto dispone que el Ministerio de Energía seguirá a cargo de obras en curso, a través de la flamante Integración Energética Argentina SA (IEASA). Las primeras obras que enumera el texto son las represas de Santa Cruz: "Las correspondientes al proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz que forman parte integrante del Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, en virtud de las Resoluciones Nros. 762 de fecha 5 de noviembre de 2009 y 932 de fecha 13 de septiembre de 2011, ambas de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que retoman su denominación original, “CONDOR CLIFF” y “LA BARRANCOSA”.
De esa manera, en una oración subordinada dentro de un punteo en el artículo de un decreto, el Estado devuelve a las represas sus nombres originales. Las represas ya no se llamarán Kirchner y Cepernic.
Las represas Condor Cliff y La Barrancosa comenzaron su derrotero en 2008. Después de idas y vueltas, la expresidenta Cristina Kirchner relanzó la licitación a mediados de 2012 y rebautizó a la megaobra como Kirchner y Cepernic, en homenaje al expresidente y a un gobernador de la provincia patagónica.
Cristina había relanzando la licitación de las represas el 25 de abril de 2012, en un acto que compartió con el entonces gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta.
En el caso de Enarsa, la fusión y la creación de IEASA sellará el fin de una de las empresas paradigmáticas del modelo energético kirchneristas. Enarsa estuvo involucrada en la compra de GNL, operación por la cual el exministro de Planificación Julio De Vido y su ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta son investigados y están en la cárcel.
