El Estado afronta en los tribunales internacionales otras dos demandas de empresas por un proceso de nacionalización llevado adelante por Cristina Kirchner. La compañías Metlife y NN Group, dos exAFJP, iniciaron juicios a la Argentina en el tribunal del Ciadi por la reestatización del sistema jubilatorio, en 2008.
En esa época, durante la primera presidencia de Cristina, Amado Boudou estaba al frente de la Anses y fue uno de los impulsores de la iniciativa.
Ahora, Metlife, de origen estadounidense, consideró que el acto de nacionalización realizado por el kirchnerismo vulneró sus derechos comerciales, por lo que acudió a esa Corte -que depende del Banco Mundial- para buscar una compensación económica. La semana pasada se conoció que el Ciadi dejó firme la sentencia contra el Estado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que implicará un costo de al menos u$s320 millones.
El argumento central de Metlife es que el país no respetó sus derechos como inversor al ejecutar la nacionalización de las AFJP y la estatización del sistema de jubilaciones. Un grupo de exAFJP intentaron desde 2008 hacer prosperar sus reclamos mediante acciones judiciales en la justicia local, pero ninguna tuvo resolución favorable.
Tras algunos años, por cuestiones de prescripción, la posibilidad de acudir a tribunales argentinos quedó vedada. La última alternativa legal viable fue entonces el Ciadi, que tiene como función mediar entre compañías y Estados.
En rigor, el expediente fue presentado por Metlife en junio de 2017, pero como los procesos son lentos recién tuvo una sola audiencia, en abril de 2018, que fue meramente para debatir cuestiones procesales. El tribunal que llevará el caso fue conformado, como es tradicional en el Ciadi, por tres magistrados. Uno propuesto por cada parte y uno imparcial.
El 30 de abril, además, llegó la segunda demanda por este motivo. Se trata de un juicio iniciado por una aseguradora holandesa -NN Group- y por Orígenes, una de las empresas integrantes del sistema de capitalización vigente hasta 2008 y que actualmente está en proceso de liquidación. Aún no se conoce cuál podría ser el costo para el Estado de un fallo en contra en estos dos casos.
