El vínculo entre los gobernadores y la Nación tomó un nuevo impulso después de las elecciones legislativas. Bajo la necesidad de construir mayores consensos para aprobar las reformas laboral y tributaria, Javier Milei empezó a convocar a los mandatarios provinciales para sentarse a la mesa de una negociación que promete ser bastante álgida.
A primera vista, la discusión que se viene entre los gobernadores y el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, podría resumirse en un pacto de “fondos por reformas”. El Ejecutivo nacional busca el respaldo de los mandatarios a las modificaciones laboral y tributaria mientras que del otro lado reflotan como moneda de cambio varios reclamos que consideran clave para reacomodar sus cuentas.
En Nación quieren aprovechar la conformación del nuevo Congreso para aprobar las modificaciones en materia laboral y tributaria, y para eso necesitan más apoyo parlamentario. Además, el rol de los gobernadores es crucial para los cambios que se quieren implementar en el sistema impositivo.
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En primer lugar, porque el Gobierno defiende la premisa de sostener a toda costa el equilibrio fiscal. Este objetivo despertó algunas críticas entre los gobernadores, que entienden que gran parte de ese saldo positivo de Nación se logró gracias al ajuste en las transferencias a las provincias. “Están haciendo el ajuste con la nuestra”, cuestionó una de las personas al tanto de las negociaciones.
Pero además, otro de los cambios que impulsa La Libertad Avanza es la reducción de Ingresos Brutos y de las tasas municipales, que les permitieron a las provincias y los municipios sostener sus ingresos.
En general, entre la veintena de gobernadores que participó de la última reunión con Milei -en la que no estuvieron Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gildo Insfrán- coincidieron en que el espíritu por parte del Presidente fue de menos confrontación. Por eso, existe cierta expectativa por conseguir algún tipo de acuerdo sobre los principales pedidos que sobrevuelan en las conversaciones con las provincias.
El primero de ellos es la aprobación del Presupuesto 2026. Los mandatarios insisten en este punto porque buscan que queden asentadas las asignaciones de las partidas que pueden impactar sobre sus recursos. A modo de ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires recibe el 1,4% de coparticipación por parte de Nación de forma discrecional. La intención del Gobierno porteño es que ese envío figure dentro del presupuesto del próximo año, por si se necesita ese aval ante un eventual reclamo.
La segunda demanda que los gobernadores tienen bajo el ala es el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo veto fue rechazado por el Senado y espera por su tratamiento en Diputados. Esta puja no es menor, ya que en lo que va del año Nación giró $131.500 millones a las provincias a través de esa vía, que representan el 16,9% de los fondos establecidos allí para 2025, fijados en $776.775 millones. Es decir, quedan $645.271 millones por distribuir para lo que resta del año.
En la misma línea, también está la idea de retomar el proyecto para modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles. La idea de la última iniciativa que fue rechazada en Diputados estipulaba que las provincias empiecen a recibir el 57,02% de esa recaudación en lugar del 10,4% actual. De acuerdo a los datos de ARCA, a través de ese tributo ingresaron $3.784.594 millones en los primeros diez meses del año. Implica un aumento del 112,2% en relación con el mismo período del año anterior.
Además, los gobernadores quieren discutir el envío de los fondos de las cajas previsionales a las 13 provincias que cubren con partidas propias el pago de jubilaciones y pensiones de sus empleados públicos. Entre ellas está, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que estima que Nación debería pagarle $1,7 billones por ese concepto. Otras jurisdicciones, por caso, acordaron pagos a cuenta para cubrir ese saldo y otras están es un proceso de auditorías por parte de ANSES.
El último de los pedidos que buscan negociar los mandatarios es por las obras públicas y especialmente, las rutas nacionales. Entienden que Nación debe hacerse cargo del mantenimiento, principalmente de los caminos que son fundamentales para el desarrollo de distintas actividades productivas.
