Los casi ocho minutos del mensaje que envió el ministro de Economía, Luis Caputo, a los empresarios del 61° Coloquio de IDEA dejaron, a primera vista, dos definiciones: que no se mejorará la competitividad con una devaluación y que se avanzará en las reformas laboral y tributaria.
Durante su exposición -que fue grabada en el Ministerio de Economía, aunque el funcionario está en Washington, donde seguirá hasta el viernes-, Caputo dijo: “Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, tributaria y también que empiece a ver financiamiento a tasas más razonables”.
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También anticipó que comenzará una “segunda etapa” de su gestión, en la que se vendrán cambios en el régimen laboral y el tributario, y aseguró que alentará el “ahorro interno”.
La discusión sobre las reformas tributaria y laboral no es menor entre las conversiones de los empresarios. Si bien los ejecutivos valoran el rumbo del programa económico oficial en ese sentido, Caputo no aportó mayores detalles sobre esas modificaciones ni cuándo se enviarían los proyectos al Congreso.
A modo de ejemplo, Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina, contó que de cada 100 pesos pagados en un surtidor, entre $44 y $45 corresponden a impuestos. “El enfoque en esos impuestos lo podés dar o tener respecto de la pesada mochila de una empresa para competir frente a otras empresas de otros países sin esa presión”, expresó.
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Por su parte, Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, explicó que el nivel de evasión impositiva en los supermercados se ubica entre el 35% y el 37%, en el sector de comercio llega al 55% y la informalidad laboral ronda el 60%.
“Conceptualmente, una cadena es una empresa con altísimos niveles de facturación, pero rentabilidad de última línea muy finita, 2% es un resultado razonable. Pero cuando vemos en el giro de la compañía sin tener cuenta el IVA, pagamos 12%, los impuestos sextuplican una rentabilidad razonable. Un comerciante que trabaja 100% informal puede vender un 30% por debajo del formal y obtener la misma rentabilidad”, precisó.
En esa línea, Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast, sumó: “No sirve armar cadenas de valor porque los impuestos juegan en contra. Si queremos fomentar grandes productores de trabajo, tenemos un problema. De esto hablamos cuando decimos que hay que nivelar la cancha. Si no existieran estas diferencias, el consumidor gastaría más, las empresas contratarían más gente y el Estado recaudaría más. Esto se debe corregir: bajar el gasto público. Se ha hecho mucho pero falta y bajar la evasión. Si no lo logramos, no podemos bajar impuestos”.
El entramado impositivo en la Argentina
“El sistema impositivo argentino se caracteriza por una elevada presión fiscal legal, una estructura compleja y fragmentada, altas tasas de evasión y exenciones y una altísima participación de tributos con efectos distorsivos sobre la producción”, resumió Matías Surt, socio-director de Invecq.
Según estimaciones de esa consultora, para el 2025 se proyecta que la presión tributaria se ubicará en torno al 28% del PBI, unos seis puntos por encima del resto de los países de la región.
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Además, destacó que, en promedio, las economías del mundo recaudan entre 1% y 2% del PBI mediante los denominados “impuestos distorsivos” -como Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque-, mientras que en la Argentina representan un 8% del PBI.
“Hasta un tercio de los impuestos que se pagan al momento de consumir o invertir en la economía argentina, son impuestos que en otros países del mundo son insignificantes o no existen. Esto coloca a los consumidores argentinos en desventaja frente a sus pares de otros países, ya que enfrentan precios más altos. Al mismo tiempo, el sistema impositivo genera un efecto menos visible pero igualmente relevante: limita la capacidad de las empresas para invertir, generar divisas y empleo”, cerró Surt.
