La jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, le ordenó a la Argentina que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera. La decisión fue inesperada y, después de evaluar los pasos a seguir, Javier Milei confirmó en sus redes sociales que el Ejecutivo apelará la medida.
En la Casa Rosada empezaron ayer a analizar los pormenores del fallo de Estados Unidos y públicamente el Presidente culpó a Axel Kicillof. “Es responsabilidad directa del inútil soviético”, cuestionó. En paralelo, las acciones de la petrolera en Wall Street caían hasta 8% después de que se diera a conocer el fallo y cerraron con una pérdida de 5,6% en el día.
Pero mientras tanto, el juicio continúa y los costos se incrementan. A los US$16.100 millones que dispuso la magistrada estadounidense para cumplir con la sentencia por la expropiación de la petrolera hay que sumarle US$1650 millones en concepto de intereses desde septiembre de 2023, según los cálculos del analista de Latam Advisors, Sebastián Maril.
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Es decir, que la Argentina debería pagar US$17.750 millones por el juicio. Además, de acuerdo a las estimaciones de Maril, los intereses que se acumulan son de casi US$3 millones por cada día que no se paga.
“El monto de la indemnización devenga interés a una tasa fija anual de 5,42% porque las normas procesales establecen que la tasa aplicable a las sentencias de Nueva York es una tasa fija equivalente al promedio del interés de las letras del tesoro de Estados Unidos a un año de plazo, vigente durante la semana anterior a la sentencia”, explicó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro.
Cómo seguirá el juicio por YPF
El 15 de septiembre de 2023 la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. Para llegar a esa sentencia, entendió que el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó la participación de Repsol en la compañía y le pagó con bonos, pero no fue igual con el resto de los accionistas, por lo que no cumplió con el estatuto de la petrolera.
Desde entonces, la Argentina apeló la sentencia y los demandantes pidieron que se avancen en embargos y se entreguen activos como las acciones de YPF que se encuentran en poder del Estado.
Cuando asumió Milei, el Gobierno debería haber depositado una garantía para evitar los embargos. “Esto tendría que haber sucedido en enero de 2024, pero no se hizo ningún depósito. Acto siguiente, la ley americana te da derecho a embargar activos de, en este caso, la República Argentina”, describió Maril en diálogo con TN.
“Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y contra recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a Argentina a entregar las acciones que tiene el YPF como parte de pago”, completó.
Entonces, Preska ordenó que los títulos de YPF se usen como parte de pago a los denunciantes -Burford Capital y Eton Capital- por los US$16.100 millones estipulados en el fallo y pidió que la Argentina transfiera las acciones clase D a una cuenta en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de la disposición.
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“Se instruirá a Bank of New York Mellon (BNYM) a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”, indicó el fallo.
Ahora, la Procuración del Tesoro de la Nación será la encargada de encabezar la apelación en la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Para proteger la estrategia judicial, en la Casa Rosada mantenían cautela sobre los detalles del proceso y los tiempos de la presentación.
Más allá de la táctica judicial que se despliegue, hay otro punto a tener en cuenta y que podría tensionar aún más el litigio. La ley que habilitó la expropiación de YPF dispuso que las acciones de la compañía se podrían transferir únicamente con la aprobación del Congreso por una mayoría de dos tercios, por lo que, de avanzar el reclamo de Preska, habría otra instancia pendiente.
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Por eso, los especialistas aseguran que este proceso no será inmediato. Más bien, que probablemente se extienda más allá de este año y que, una vez presentada, la apelación entre en un estado de “hibernación”.
“La Cámara no tiene plazo para resolver la apelación de la Argentina (y la apelación presentada por los demandantes para revertir la decisión de Preska que benefició a YPF)”, puntualizó Soler. Y cerró: “Teniendo en cuenta que la Cámara todavía no ha fijado la fecha de la audiencia oral, es cada vez más probable que no dicte su fallo durante este año”.
