Desde este domingo se puso en marcha el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y ahora el Gobierno se concentra en destrabar los próximos pasos para avanzar en el plan para sacar los dólares del colchón. Por un lado, trabaja en la ley para presentar al Congreso y en paralelo espera recibir esta semana más respaldo de las provincias.
El nuevo esquema de Ganancias entró en vigencia este domingo y, a partir de ahora, los contribuyentes que adhieran a este sistema no deberán presentar información sobre sus consumos ni su patrimonio. “Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que sean contribuyentes o responsables del Impuesto a las Ganancias, podrán optar por la modalidad simplificada”, dicta la normativa.
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La reglamentación es un paso más en la instrumentación del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” que lanzó el Gobierno. Sin embargo, aún resta conocer los detalles del proyecto de ley que la gestión de Javier Milei enviará al Congreso. Y, según adelantó Guillermo Francos, se presentará esta semana.
El objetivo del proyecto es elevar el monto a partir del cual la evasión se considerará delito -hoy está en $1,5 millones- y reducir los plazos a partir de proscripción de los delitos tributarios.
El jefe de Gabinete dijo que no solo buscan facilitar el uso de estos ahorros, sino garantizar que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente a futuro. Por ello, anticipó que el Ejecutivo busca reducir el período de prescripción de cinco años -duración actual- a dos.
En paralelo, mientras se preparaba el proyecto de ley, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Francos mantuvieron varias reuniones con gobernadores para conseguir su adhesión al plan a través de una adenda para que las provincias no aprueben nuevos regímenes de información que reemplacen a los derogados por el ente nacional.
En ARCA explicaron ante la consulta de TN que para esta semana están previstas una serie de reuniones con distintos mandatarios provinciales para que firmen ese compromiso.
Catamarca, a través del gobernador Raúl Jalil, fue la primera provincia en manifestar formalmente su adhesión. Luego se sumó Tucumán. En tanto, el resto de los referentes provinciales todavía esperan a la letra chica de la ley.
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Por su parte, el Gobierno advirtió que las provincias que no adhieran al régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50 millones).
