La reducción de los aranceles a los celulares importados provocó una pelea inesperada entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego. Luego de la oficialización de la medida que abaratará los costos de los teléfonos que vienen del exterior, los sindicatos más importantes a nivel local paralizaron por 24 horas las operaciones en las fábricas bajo la consigna de defender la industria local.
La disputa se desató cuando Nación anunció una baja de aranceles para los productos electrónicos. Este martes se oficializaron los detalles:
- Reducción de los aranceles para celulares importados: pasaron del 16% al 8%, y el 15 de enero de 2026 se eliminarán por completo.
- Se bajaron los impuestos internos de celulares, televisores y aires acondicionados del 19% al 9,5%, y en las consolas de videojuegos, del 35% al 20%. En tanto, a los elaborados localmente se les quitaron los impuestos (que estaban en el 9,5%).
El Ejecutivo defiende la medida argumentando que alentará la competencia y permitirá un descenso en los precios al consumidor de estos productos en un 30%.
Sin embargo, funcionarios provinciales, empresas locales y gremios aseguran que la disposición representa un duro golpe para la industria local y que favorecerá la compra de bienes provenientes del exterior. Además, estiman que los valores podrían retroceder un 20%.
“Al Gobierno no le interesa bajar los precios de los celulares: es un ataque a la industria fueguina”, criticaron los gremios, e insistieron: “No volveremos a las fábricas hasta que no tengamos garantizada la continuidad laboral de la totalidad de los trabajadores, efectivos y contratados”.
La frase no es azarosa, ya que después de que el Gobierno anunció la medida el CEO de la empresa Newsan, Luis Galli, dijo en un encuentro empresarial: “Con la baja de derechos que se anunció es muy difícil que se pueda seguir fabricando celulares en Argentina”.
La importancia de sus dichos radica en que la industria electrónica es la que mayor cantidad de empleos genera en la isla. Son unos 8500 puestos de trabajo. Allí, las empresas Mirgor (de Nicolás Caputo, primo hermano del ministro de Economía y tío del asesor presidencial Santiago Caputo) y la mencionada Newsan (de Rubén Cherñajovsky) concentran más del 80% del mercado.
“En el corto plazo no va a tener una afectación tan severa porque baja el 8% aranceles. Pero cuando llegue al 0% en enero sí va a generar un problema. Estamos trabajando para que el impacto sea el menor posible, en la reducción del costo argentino. Hay varias cosas para trabajar en la cadena de valor”, aseguró la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Ana Vainman.
Cómo funciona el régimen industrial de Tierra del Fuego
A la vista está que la situación agitó la conflictividad en Tierra del Fuego y, además de las disposiciones oficiales, puso nuevamente en debate el régimen industrial que funciona en ese territorio, y que está vigente hasta 2038.
El régimen fue creado hace más de 50 años (puntualmente, en 1972) y, de acuerdo a la ley, “exime del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en Tierra del Fuego”.
En este sentido, el tink tank Fundar explicó los dos grandes incentivos a la producción que reciben las empresas que se encuentran bajo el régimen de Tierra del Fuego: “El principal estímulo es el crédito fiscal por el IVA por cada venta en el resto del país. Como la venta en el continente no está exenta de IVA, este impuesto debe ser discriminado y cobrado en la factura de forma tal que la empresa compradora lo pueda descontar en su propia declaración impositiva”.
“Luego, el productor manufacturero de la isla, en vez de pagar el débito fiscal correspondiente al IVA de dicha venta, computa un crédito equivalente a dicho débito, el crédito IVA”, completó.
El segundo incentivo es la exención arancelaria y de IVA a la importación de insumos. “La magnitud de esta exención dependerá de la composición de los insumos que requiera la producción de cada producto. La exención de aranceles a los insumos genera una mayor protección arancelaria efectiva cuanto mayor es la fracción importada”, indicaron en Fundar.
Originalmente, ese sistema se puso en marcha para poblar la isla, que para ese momento tenía unos 13.000 habitantes y ahora se calculan en más de 180.000.
Como contrapartida, el Estado Nacional resignó parte de su recaudación: de acuerdo a cálculos de Fundar, el costo fiscal ronda los US$1070 millones al año.
Sobre este punto, en Afarte agregan que sobre las empresas también recae el costo impositivo por cargas patronales, Ingresos Brutos y otras tasas municipales.
El principal cuestionamiento por estas horas al régimen industrial, además del costo fiscal, es que no promueve valor agregado. “El beneficio que obtienen las empresas es independiente de la fracción de insumos que importan; se cobra en proporción a las ventas y no al valor agregado. Implícitamente, este beneficio fiscal fomenta la importación de insumos cuando estos son más baratos que su costo de producción local —es decir, en la mayoría de los casos—, desincentivando que estos se fabriquen in situ, y por ende desalentando la agregación de valor en la isla", advirtieron en Fundar.
