Al levantar el cepo y abandonar la devaluación fija de 1% mensual, el Gobierno dejó de lado una de las principales herramientas que usó durante el primer año de gestión para controlar la inflación: el ancla cambiaria. En la última semana tomó varias decisiones que dejan entrever que ahora recurrirá al control de tarifas con el mismo objetivo.
En la Argentina, los precios son muy sensibles a cualquier movimiento en el dólar. Por lo tanto, la devaluación administrada genera previsibilidad y acota la volatilidad en los precios. Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno puso en marcha un régimen de flotación entre bandas para el dólar. La distancia inicial entre el piso y el techo de ese espacio es de 40% ($1000 y $1400) y se irá ampliando con el paso del tiempo.
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De esta manera, el ancla cambiaria para los precios desapareció, pero no el interés del Gobierno por llegar con inflación baja a las elecciones legislativas. Por eso, hubo varios anuncios que apuntan a otro tipo de ancla: la tarifaria.
En esa línea aparecen los aumentos de luz y gas en 3%, así como la decisión de postergar la actualización correspondiente a mayo para los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), de modo tal que la baja de 4% que YPF hizo en la nafta y el gasoil llegue a los consumidores. A eso se suma la decisión de no aumentar el boleto de colectivo en las líneas nacionales y las negociaciones para contener el alza de las cuotas de las prepagas.
“El Gobierno siempre va haciendo un juego entre la necesidad fiscal y el impacto inflacionario -sostuvo Camilo Tiscornia, socio de C&T asesores económicos-. Bajar los subsidios para favorecer la necesidad fiscal implica un aumento más rápido en las tarifas, que las tiene que pagar la gente, y eso es más antipático porque tiene efecto inflacionario. Como hoy en día ya se cubren muchos de los costos con lo que los consumidores pagan, el Gobierno va regulando el ritmo de los aumentos".
Bajar la inflación, el principal objetivo
El último dato de inflación, correspondiente a marzo, es de 3,7%. Se trata de la la segunda aceleración consecutiva y el registro más alto desde agosto del año pasado. La liberación del cepo, en ese contexto, tenía un riesgo alto de traslado a precios. Para contenerlo, la gestión libertaria recurrió a diferentes herramientas.
“Con un tipo de cambio flotante, el Gobierno buscó desde el inicio disciplinar a empresarios poco acostumbrados a la volatilidad del dólar oficial. Aprender a flotar también implica aceptar que no se puede remarcar cada vez que el tipo de cambio sube o baja", indicó el informe semanal de Econviews.
Y completó: “A esta estrategia se sumó otra más controvertida, reminiscente de épocas kirchneristas: funcionarios que salieron con los tapones de punta contra empresas que enviaron listas con aumentos, incluso amenazando a través de redes sociales con tomar medidas para evitarlo”.
Para Melisa Sala, directora ejecutiva de LCG, no está mal que el Gobierno tome algunas medidas heterodoxas junto con otras más tradicionales, como el compromiso con el superávit fiscal.
“Con un tipo de cambio que ahora puede moverse libremente dentro de bandas con una amplitud de 40%, y hasta que las expectativas no terminen de redefinirse, el Gobierno parece apelar a herramientas con un tiente heterodoxo para tratar de retomar un sendero de desinflación después de la aceleración de los últimos meses”, consideró.
“En este contexto se enmarca la suspensión del ajuste del impuesto a los combustibles; la presión para que YPF incorpore a precios la baja internacional del petróleo; el menor ajuste sobre tarifas de electricidad y gas; el no aumento del boleto de colectivo para las líneas nacionales; y la negociación con las prepagas para reducir el ajuste previsto. Calculamos que estas medidas restarán aproximadamente 0,3 puntos porcentuales al dato de inflación en mayo, que no es poco”, calculó Sala.
Desde Econviews coincidieron: “El Gobierno está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para que la inflación siga bajando, incluso si eso implica algunas contradicciones con su discurso original".
A la vez, agregaron otra medida que el equipo económico podría tomar en el corto plazo para controlar el aumento del costo de vida: abrir más las importaciones, tal como se hizo durante 2024 con alimentos y otros bienes.
“La apertura comercial es otra carta que el Gobierno jugará. Es una herramienta útil para contener precios, aunque insuficiente por sí sola. Por ejemplo, los servicios, al menos la mayoría, no se pueden importar. Por otra parte, una apertura indiscriminada puede golpear con fuerza a ciertos sectores, especialmente con un tipo de cambio que sigue apreciado", explicó la consultora.
