La Argentina afrontará este viernes un pago de aproximadamente US$620 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondientes exclusivamente a intereses y comisiones por la deuda contraída con el organismo en 2018.
Se trata de una obligación clave en el complejo calendario financiero que enfrenta el país, en un contexto de escasas reservas internacionales y una economía que aún transita un proceso de estabilización.
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El desembolso no incluye pagos de capital, que recién comenzarán a vencer a partir de 2026. Sin embargo, los compromisos por intereses ya representan una carga significativa: a los US$620 millones de este viernes se suman otros US$861 millones el 1º de agosto y US$883 millones el 1º de noviembre, según cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En febrero de este año, ya se habían abonado US$593 millones por este mismo concepto.
Hasta ahora, la Argentina ya pagó más de US$11.400 millones en intereses desde que se firmó el acuerdo en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Si se suman los compromisos futuros hasta 2030, el total en intereses rondará los US$30.000 millones. El FMI estima que solo en ese período, el país deberá pagar unos US$18.600 millones en concepto de intereses.
Revisiones, desembolsos y vencimientos: los detalles de la letra chica del acuerdo con el FMI
El préstamo otorgado en 2018 y refinanciado luego mediante un nuevo programa firmado en 2024 asciende a casi US$57.000 millones: US$41.700 millones aún pendientes del crédito original y US$15.000 millones correspondientes a los primeros desembolsos del nuevo acuerdo. Según el informe del staff técnico del FMI, esta cifra representa “la mayor exposición crediticia en la historia del FMI”.
A pesar de que el nuevo programa contempla un período de gracia de 4 años y medio, en ese lapso deben abonarse los intereses y parte de los pagos correspondientes al acuerdo previo. El esquema completo se extiende por 10 años y prevé que Argentina comience a cancelar capital desde 2026 hasta 2031.
El nuevo acuerdo aprobado por el organismo multilateral en 2024 implica un préstamo total de US$20.000 millones, del cual US$12.000 millones ya se incorporaron a las reservas del Banco Central. Hacia fin de año, el total desembolsado por el FMI alcanzará los US$15.000 millones, siempre y cuando el país cumpla con las metas fiscales, cambiarias y de acumulación de reservas acordadas.
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El plan contempla un esquema de nueve revisiones técnicas del FMI, que se extenderán hasta marzo de 2029. La primera está prevista para junio de este año y, de ser aprobada, habilitaría un nuevo desembolso de US$2.000 millones. La segunda revisión se llevará a cabo en noviembre, con un posible desembolso adicional de US$1.000 millones. A partir de 2026, las auditorías pasarán a ser semestrales, con transferencias de aproximadamente US$714 millones tras cada evaluación.
En paralelo, está previsto que el país reciba apoyo adicional de otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, lo que podría aliviar parcialmente las tensiones financieras. A partir de 2026, el FMI proyecta tres desembolsos anuales de US$1.400 millones y uno más de US$700 millones en 2029, como parte del financiamiento programado.
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No obstante, el propio Fondo advierte que la Argentina enfrenta “riesgos excepcionales” en cuanto a su capacidad de repago. Según el staff del organismo, ese riesgo depende “fundamentalmente de las iniciales medidas y de la implementación sostenida del plan de estabilización para alcanzar los objetivos de acumulación de reservas y asegurar la reanudación del acceso al mercado antes del vencimiento de las recompras al Fondo”.
“La maniobra sigue siendo limitada, especialmente en el contexto de bajos niveles de reservas, elevadas obligaciones del servicio de la deuda, un historial de volatilidad de los flujos de capital y un entorno externo más propenso a shocks”, advirtieron desde Washington.
Aunque el acuerdo busca dar cierto respiro financiero en el corto plazo, la mayor concentración de pagos llegará entre 2029 y 2031, cuando vencerán compromisos cercanos a los US$12.000 millones anuales. En cambio, 2025 y 2026 serán relativamente más livianos, con vencimientos por US$3166 millones y US$4715 millones, respectivamente.
