El Gobierno tiene listo el decreto que da inicio a la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA). Se trata del primer paso para que el Ejecutivo comience el proceso de venta de la empresa, que estará enfocado en desarmarla y en vender sus activos en partes. “La idea que el decreto salga en los próximos días. Está previsto para esta semana”, expresan en Nación.
ENARSA fue creada por la Ley 25.943 con el objetivo de realizar la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos junto al transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados.
La mesa técnica de Balcarce 50 asegura que arrancará a vender la parte accionaria estatal de Citelec, que comparte en mitades con Pampa Energía y tiene el 51% de la participación de la compañía de transporte de energía eléctrica Transener. Planea luego vender sus tenencias en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y San Martín junto con Vientos de la Patagonia, Enarsa Patagonia, Transba y Ute Escobar.
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ENARSA derivó $769.223 millones durante 2024 a los siguientes proyectos de inversión: Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno ($240.909 millones), Gasoducto del Noreste Argentino ($656 millones), Gasoductos 4g ($2.574 millones), represas Jorge Cepernic ($3.862 millones) y Néstor C. Kirchner ($3.875 millones) y la reversión del Gasoducto Norte ($511.239 millones).
La empresa cuenta con 320 empleados de planta permanente y tuvo el año pasado gastos corrientes por $2,7 billones e ingresos totales por $3,9 billones. Contó también con transferencias del Tesoro Nacional de $1,4 billones (44% de los ingresos totales) y derivó $17.978 millones en remuneraciones, $2,5 billones en bienes y servicios y $100.062 millones en “otros gastos”. En 2023, tuvo gastos corrientes por $1,1 billones e ingresos por $1.3 billones.
Según los últimos informes del Ministerio de Economía, ENARSA recibió transferencias del Tesoro Nacional con la finalidad de pagar las importaciones de buques de GNL para el puerto de Escobar, de gas natural proveniente de Bolivia a través de YPF y de Chile junto con la producción local del plan “GAS.AR”.
La empresa tuvo en 2024 ingresos de operación de $1,6 billones: obtuvo un volumen de ventas de $1,6 billones en comercialización de gas y de $2000 millones en exploración y producción.
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La Casa Rosada reconoce que el proceso de venta continuará en la comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, que debe ser conformada con seis senadores y seis diputados. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) están a cargo de la presentación de informes sobre el estado legal y financiero de las empresas.
La prioridad del Ejecutivo es acelerar la venta de las empresas públicas que fueron incluidas dentro de la Ley Bases, que se sancionó en junio de 2024. El encargado de trabajar los pliegos de las privatizaciones es el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher. Se trata de uno de los puntos que contempló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la firma del acuerdo, que recomendó tener un esquema definido para noviembre de este año.
