El proceso para pasar las empresas que funcionan bajo el paraguas del Estado al sector privado se mueve en distintas direcciones, pero avanza. Ahora, el Gobierno a través del informe que la jefatura de Gabinete envió al Congreso algunas pistas más sobre el plan oficial para esas compañías.
Actualmente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene dentro de su órbita 59 empresas que funcionan en 11 jurisdicciones de la administración estatal. A su vez, hay otras 19 sociedades que son consideradas subsidiarias.
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Pero para concretar las privatizaciones, hay distintos mecanismos que el Ejecutivo tiene en mente: uno es abrir licitaciones y avanzar en la venta, para lo que necesita de la aprobación del Congreso, o podría lanzar una oferta pública inicial para sacar las acciones de las compañías al mercado de capitales bajo un método denominado initial public offering (IPO, por sus siglas en inglés). También podría ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados- o cerrarlas y poner a la venta los terrenos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Dentro de las firmas que quedaron habilitadas por el Poder Legislativo en la Ley Bases para continuar en el camino hacia la privatización están Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Ferrocarriles). Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) figuran en artículos aparte que expresan que se entregarán una serie de acciones, pero el Estado nacional debe mantener la participación mayoritaria.
En el informe de Jefatura de Gabinete, Economía explicó que esa lista de empresas está bajo análisis y que pueden ser “privatizadas, concesionadas, transformadas, cedidas o cerradas”. El procedimiento a adoptar será definido por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
Además, el Ejecutivo dio precisiones sobre la evolución del proceso privatizador durante los primeros meses de gestión. “El 23 de octubre se inició la privatización de Trenes Argentinos Cargas, también conocida como Belgrano Cargas y Logística S.A. También se avanzó en la privatización de cuatro centrales eléctricas y se anunció un llamado a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A”, precisó el documento.
En este sentido, Economía explicó cuáles son las opciones que actualmente se barajan y detalló que hay cuatro empresas sobre las que se puede realizar el mecanismo de IPO: TANDANOR, AySA, ARSAT y NASA. A su vez, otra alternativa es definir la privatización en forma total, algo que podría suceder en TANDANOR, INTERCARGO, AySA, Banco Hipotecario, ENARSA, IMPSA y TRANSPELT. En tanto, el Banco Nación, NASA y YCRT podrían quedar privatizadas parcialmente.
Qué puede pasar con los trabajadores de las empresas del Estado
Por último, en otro pasaje del documento, el Ejecutivo hizo referencia a lo que pasará con los trabajadores de las empresas públicas. Sobre este aspecto, detalló que la intención oficial es que “la mayor parte del personal” permanezca en las firmas cuando se encuentren bajo la conducción de nuevos accionistas.
Lo cierto es que durante este año, el Gobierno puso en marcha un plan de retiros voluntarios y desvinculaciones para las empresas del Estado. De hecho, entre diciembre del año pasado el personal en esas dependencias pasó de 91.474 personas a 80.274. Esto es, una reducción de 11.200 puestos de trabajo o un ajuste del 12,24% de la nómina.
El objetivo del Ejecutivo es desprenderse del manejo de todas las compañías públicas. En primer lugar, por una cuestión fiscal. Es decir, para que la operación no le genere gastos al Estado. Pero principalmente, el motivo es ideológico, ya que en la Casa Rosada entienden que las empresas deben estar a cargo del sector privado.
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“El rol del Estado no es ser empresario, la primera ganancia es reducir las transferencias que hace el Tesoro nacional para suplir el déficit operacional de las empresas públicas, y en paralelo que se brinden mejores servicios y más competitivos. Las privatizaciones no tienen como fin último hacerse de recursos mediante sus ventas, sino que estas empresas puedan funcionar de forma eficiente y no demandar recursos del Tesoro, ni que éste tenga que cubrir el déficit operacional”, argumentó el informe que presentó Guillermo Francos en el Senado.
