La pelea por la quita de subsidios a los colectivos del AMBA suma nuevos capítulos día a día. Después de que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunciara que a partir de septiembre, se les recortarán los fondos nacionales a las líneas que solo circulan en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño salió al cruce y ahora la principal duda es de qué manera se resolverá la negociación.
En la Secretaría de Transporte nacional aseguran que la decisión no tiene marcha atrás y que dejará de aportar la subvención a las 31 empresas que operan exclusivamente en territorio porteño. “Se va a hacer [la quita de subsidios a las líneas de colectivo de CABA] de la manera que haya que hacerlo. Si no es por una vía, será por la otra”, insisten. Y deslizan que “idealmente” buscan alcanzar una salida política al conflicto.
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¿De qué manera se puede resolver la pelea? En despachos nacionales se barajan tres alternativas: publicar un decreto para hacer oficial el traspaso de las líneas a CABA o alcanzar un acuerdo entre partes. Eventualmente, la tercera vía sería acudir a la Justicia, pero esa opción supone, para empezar, mucho tiempo hasta su definición y no luce como la más conveniente. La decisión todavía se discute en las áreas legales y administrativas del Ministerio de Economía.
La Ciudad respondió este jueves a una nota que la Nación le había enviado el 19 de julio pasado. En ese documento, que lleva la firma del ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, advirtió: “En el caso de que el Estado nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”.
Lo que sucede es que CABA argumenta que es Nación quien tiene actualmente el manejo tanto de las tarifas como del servicio del trasporte automotor de pasajeros que transita por su territorio. Es decir, la administración porteña asegura que no puede tomar decisiones si no se hace el traspaso formal y reclama que si avanza esa medida, también debería estar acompañada con los fondos para subsidiar a las 31 frecuencias.
Los detalles de la pelea por la quita de subsidios al colectivo
La pelea por la quita de los subsidios que rigen para el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desató con la presentación en la Cámara de Diputados del secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien anunció que a partir de septiembre, se les quitarán los fondos nacionales a las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires.
La Nación dio un nuevo paso e informó públicamente que desde el mes que viene dejará de aportar fondos a las 31 líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Los colectivos son el 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Esas frecuencias, en realidad, están subsidiadas de forma mixta: CABA aporta el 55% y el 45% restante lo pone Nación. Esa es la proporción que quiere dejar de financiar el Gobierno. Según las estimaciones de la Secretaría de Transporte, representan unos $7000 millones por mes.
Pero además, el Estado nacional asegura que dejará de pagar los costos del programa Red SUBE -que aplica un descuento en el valor de la tarifa cuando se combina más de un transporte público en el lapso de dos horas-, con lo que estima que dejará de gastar $1500 millones de las líneas que circulan en CABA por ese programa y otros $6500 millones que se cortarán sobre las frecuencias bonaerenses.
En concreto, la Nación sostiene que solo se hará cargo de las subvenciones -tanto para subsidios como los costos de la Red SUBE- de 113 líneas que cruzan la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, que sí son consideradas como de jurisdicción nacional. Son 103 colectivos que transitan por el AMBA y otros 10 del interior del país. Por mantener los subsidios en esas líneas, en Transporte estiman que se gastan unos $80.000 millones por mes.
