Otros 400 trabajadores de las represas de Santa Cruz recibieron telegramas de despido en el inicio del fin de semana largo de Pascuas, en lo que se constituye la paralización total de las obras financiadas por China. En paralelo, el freno a la construcción de esas obras, las más grandes del país, mete más ruido en la relación bilateral.
La no continuidad de las obras sobre el río Santa Cruz puede traer más que dolores de cabeza para la administración nacional tras los cruces por el envío de camiones chinos (que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo eran para combatir el Covid y la embajada china en la Argentina refutó y el operativo sobre un pesquero de esa nacionalidad en aguas argentinas.
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Puede exponerse a un juicio en tribunales internacionales o a que China no renueve en junio o exija la devolución inmediata del swap de monedas, un préstamo indispensable para el Banco Central, que se ubica en torno a los US$20.000 millones. También hay preocupación entre los exportadores por las posibles represalias que puede aplicar el principal socio comercial del país en sus compras de carnes y otros productos.
El proyecto represas de Santa Cruz figura en el acuerdo bilateral de obras prioritarias de la alianza entre la Argentina y China por la ruta de la seda. Las obras se paralizaron a mediados de diciembre a la espera de un acuerdo entre Nación y China para destrabar un desembolso de US$500 millones para retomar las tareas en las dos represas, que no llegó y ahora deja sin continuidad al mega-proyecto.
El cambio de gobierno retrasó la llegada de esos fondos y tras idas y vueltas entre la constructora y Enarsa, la empresa estatal a cargo del proyecto, se determinó que no había fondos tampoco en el fideicomiso nacional de obras hídricas que podrían haberse utilizado para reactivar la obra.
Como informó TN, por la ley de obras públicas, si no hay financiamiento garantizado, no puede retomarse el proyecto, en este caso el más grande del país. A mediados de marzo, la constructora (una Unión Transitoria de Empresas -UTE- conformada por firmas chinas y argentinas) comunicó que la parálisis no tenía plazos y que había decidido prescindir “de manera temporal” de parte de sus empleados, que hasta ese momento estaban licenciados y habían cobrado el 80% de sus salarios en diciembre, enero y febrero.
La situación generó protestas de los gremios Uocra y Uecara ante el envío de 1800 telegramas de despido de trabajadores por parte de la firma a cargo de los trabajos en las represas. El gobierno de Santa Cruz presionó y dicto la conciliación obligatoria para retrotraer los despidos.
Sin embargo, las reuniones que se sucedieron hasta fines de marzo no llegaron
no encontraron soluciones y la constructora avanzó en los últimos días en desvincular a 400 empleados más, la mayoría mensualizados, que mantenían en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, para las que en octubre de 2023 habían llegado 3 de las turbinas para generar electricidad.
Según pudo saber TN, quedan en la nómina de la UTE 500 empleados entre mensuales y jornaleros, afectados a tareas básicas de mantenimiento.
Más tensión entre la Argentina y China
El freno a la obra más grande del país, que ocupaba al equivalente a casi el 10% de la población de provincia de Santa Cruz, se suma a una lista de altercados entre la Argentina y China con el nuevo gobierno.
El presidente Javier Milei dijo varias veces que él no negocia con países que no sean democracias no liberales, entre las que mencionó varias veces a Beijing. Pero a la vez, intentó tender varios puentes dada la dependencia de la Argentina con el gigante asiático es evidente.
En junio, se debería renovar el swap de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Ese intercambio de monedas es clave aún para las reservas del BCRA y el año pasado le permitió a la Argentina, entre otras cosas, para cumplir con un vencimiento con el FMI ante la escasez de dólares.
El intercambio de monedas entre China y la Argentina comenzó en 2009. Luego, en 2014, se firmó un segundo acuerdo que se renovó tres años después y en 2018 se cerró un pacto suplementario. En agosto de 2020 se firmó el entendimiento que fue renovado nuevamente en junio de 2023 por tres años más. Es decir, hasta agosto de 2026, aunque uno de los tramos de libre disponibilidad debe ser ratificado este año.
Al país asiático, además, entre julio y septiembre de 2024, la Argentina tiene que realizar pagos por unos US$1700 millones. Según informó el periodista Marcelo Bonelli, la canciller Diana Mondino analiza un viaje a Beijing antes de mediados de año, a fin de encauzar la relación.
