Pese a tener varios frentes abiertos, el Gobierno parece decidido a librar una nueva guerra. Tras su disputa con diputados y gobernadores por la Ley Ómnibus, la Casa Rosada ahora va contra la Confederación General del Trabajo (CGT). En el entorno de Javier Milei preparan un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que afectará a las obras sociales de los sindicatos, una caja millonaria y un tema muy urticante para los líderes gremiales.
El decreto, según pudo saber TN, es inminente: se publicaría a más tardar el martes próximo. E implicará que el Estado deje de subvencionar a las obras sociales que administran los jefes de la CGT, obligándolos a competir en igualdad de condiciones con las prepagas.
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Tras el paro general que la central obrera llevó adelante el 24 de enero, el más rápido dispuesto contra un gobierno desde el retorno de la democracia, el Presidente aceleró en su ofensiva contra la pata gremial de la “casta”.
Las obras sociales reciben muchos aportes del Estado nacional, instrumentados desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS). En Casa Rosada argumentan que el objetivo es llegar con el beneficio directamente a quienes lo necesitan. En el caso de las obras sociales, sería los trabajadores que aportan al sistema.
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La idea de reducir las transferencias a los sindicatos estaba incluida en el megadecreto de desregulación, pero ese y otros puntos -así también como la Ley Ómnibus- fueron paralizados por vía judicial. La estrategia, ahora, es insistir a través con varios artilugios legales.
Se habla de un nuevo “paquete de decretos” para instrumentar este y otras propuestas frustradas. Las medidas, otra vez, fueron planeadas por el asesor Federico Sturzenegger, con asistencia de un conjunto de ministros del Gabinete y del propio Milei. Para este viernes estaba prevista una reunión en la que se definiría la estrategia detrás de los anuncios. Serán uno o dos por día y generarán mucho ruido.
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La relación entre Nación y los gremios, lógicamente, está lejos de ser la mejor. La CGT realizó un paro general el pasado 24 de enero y se trató de la primera medida de fuerza en contra del gobierno de Milei que llevó adelante la central obrera. Hace unos días, en medio del debate por la Ley Ómnibus, Pablo Moyano afirmó “no se descarta nada” y “puede haber un nuevo paro y movilizaciones”.
La CGT, además, salió junto a la UTA al cruce del Gobierno por la quita de subsidios al transporte. Mediante un comunicado, los gremios advirtieron que “el sistema colapsará” y cuestionaron que “se carece de una hoja de ruta”. Además, consideraron que el nuevo esquema “genera incertidumbre en cuanto al pago de salarios y la prestación del servicio”.
