La relación entre Javier Milei y los gobernadores atraviesa, por estas horas, su peor momento. El revés por la Ley Ómnibus y la eliminación del Fondo Compensador del Interior evidenciaron un malestar que ya se venía avizorando desde que el Gobierno advirtió que su plan de ajuste fiscal implicaba un importante recorte sobre las transferencias que la Nación le envía a las provincias.
Pero más allá de la suspensión de este fondo en particular, la decisión abrió una serie de interrogantes sobre cuáles serán las transferencias que podrían suprimirse. O dicho de otro modo, por donde podría pasar el bisturí del Gobierno y si efectivamente sería suficiente para alcanzar sus objetivos.
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A primera vista, las transferencias que realiza la Nación a las provincias podrían resumirse en dos: las automáticas y las llamadas discrecionales. Las primeras son aquellas que surgen de leyes que fijan un porcentaje sobre un impuesto nacional y se reparte entre las provincias. El más importante es el sistema que se rige bajo la Ley de coparticipación 23.548 y luego aparecen otros gravámenes que coparticipan sus recursos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el impuesto a las Ganancias, el IVA o los impuestos a los combustibles.
En tanto, las transferencias discrecionales pueden ser corrientes (para financiar gastos diarios) o de capital (vinculados a gastos de inversión, obras o compras de bienes). A su vez, para los envíos corrientes existen una serie de programas que, de acuerdo a un informe de la Fundación Mediterránea y IERAL, representan cerca del 80% de ese tipo de transferencias a las provincias.
En concreto, esos programas son:
- El Fondo Nacional de Incentivo Docente
- El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires,
- El programa de relaciones con las provincias y desarrollo regional, que incluye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
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- Las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales
- La Asistencia Financiera a Provincias
- Los fondos de la reglamentación de la Ley 27.606 (que refiere al traspaso de la Policía a CABA)
- Otras transferencias corrientes
Los límites del Gobierno para ajustar las provincias
Sin embargo, el plan para ajustar los gastos a las provincias del Gobierno tiene ciertos límites. “Las transferencias automáticas como la coparticipación no se pueden tocar porque habría que cambiar la ley y tampoco se podría recortar por ejemplo otras transferencias como la de los combustibles”, explicó Marcelo Capello, economista de IERAL.
En tanto, describió que si bien los envíos discrecionales podrían reducirse, esa determinación dejaría varios conflictos en puerta para la Nación. “El Gobierno podría no repartir los fondos de algunos programas, por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, pero enciende un conflicto con esa provincia. También hay convenios firmados que a veces la Nación no respetó y no envío el dinero, y se pueden generar juicios como el de Córdoba a la ANSES. En el corto plazo esos recortes se hicieron, pero en largo plazo la Justicia puede fallar en contra”.
Además, esas transferencias están respaldadas bajo un marco, por lo que tampoco todos los programas pueden cortarse de cuajo. “Que sean discrecionales no quiere decir que el Ejecutivo automáticamente los pueda dejar de dar porque en muchos casos están asociados a leyes, normas, acuerdos o hasta préstamos internacionales por los cuales la Nación reparte esos recursos. En muchos casos hay una norma o un acuerdo atrás que hace que sea difícil eliminarlos de un plumazo”, resumió Rafael Flores, economista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
¿El Gobierno puede cumplir su meta fiscal con el ajuste a las provincias?
La siguiente inquietud es si la disputa por los fondos que la Nación le envía a las provincias es suficiente para que el Gobierno pueda alcanzar su plan fiscal, que según la hoja de ruta que le presentó al FMI, representa un superávit del 2% del PBI y se traduce en un ajuste de cinco puntos del producto.
De acuerdo a distintas estimaciones privadas, la poda sobre las transferencias a las provincias ronda un punto del producto, con lo cual sumaría al objetivo general del Ejecutivo nacional, pero no serviría para cumplir con los planes en su totalidad y el Gobierno necesitaría de otras vías de ajuste, es decir, mayores recortes -por ejemplo, en subsidios- o actualizaciones impositivas para mejorar la recaudación.
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Solo a modo de ejemplo, IERAL calculó que en enero Nación envió solo $200 millones en transferencias no automáticas, que es prácticamente llevarlas a cero, y en caso de continuar por ese camino, el Ejecutivo ahorraría una cifra equivalente a 1,1% del PBI.
“Apenas iniciado el gobierno de Javier Milei, se anunció un recorte de 0,5% del PBI en materia de Transferencias Corrientes a provincias, que representa una poda de aproximadamente el 70% respecto a 2023, y se infiere otro recorte de al menos esa proporción para las Transferencias de Capital a provincias, dado que también bajaría drásticamente el gasto de capital nacional este año”, indicó IERAL.
