Libre comercio de gas, libre competencia en el mercado de energía eléctrica, unificación de los entes de control y un marco jurídico para el desarrollo de infraestructura por el sector privado en las áreas de hidrocarburos y transporte de energía son los principales puntos que refiere el proyecto que el Gobierno envió al Congreso este miércoles para el área energética.
Respecto de la unificación de los organismos que regulan el sector, el artículo N°316 de la ley ómnibus determina: “Crease el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el que una vez constituido reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la Ley N°24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la Ley N°24.076″.
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“Se proyecta una revisión de las estructuras administrativas –centralizadas y descentralizadas del sector energético, modernizándolas y profesionalizándolas, para un cumplimiento eficaz y eficiente de las tareas de fiscalización y control de los servicios públicos en materia energética. De esta manera, la procedencia y destino de los fondos fiduciarios energéticos, inclusive los destinados a subsidios específicos, no escapan a los cambios legislativos incorporados”, indica el texto.
La desregulación en el sector de la energía eléctrica
Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Ejecutivo pretende adecuar el Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica, con el propósito de garantizar las siguientes bases:
- El libre comercio internacional de energía eléctrica, delegando en el agente que realiza la exportación los mecanismos necesarios a fin de evitar la falta de abastecimiento del mercado interno y bajo condiciones de seguridad y confiabilidad del sistema, pudiendo el Estado objetar por motivos fundados técnica o económicamente en la “seguridad del suministro”.
- La libre comercialización, competencia y ampliación de los mercados de energía eléctrica, especialmente la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales.
- La explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la expresa obligación del distribuidor de actuar como agentes de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista y al Fisco, según corresponda.
- El desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos.
- La revisión de las estructuras administrativas del sector eléctrico. Para el caso del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, creado por la Ley N°15.336, la reorganización deberá considerar su funcionamiento exclusivamente como organismo asesor de consulta no vinculante de la Autoridad de Aplicación a los fines del desarrollo de la infraestructura eléctrica.
Compromiso con el Acuerdo de París y financiamiento climático
En lo que respecta a la política ambiental, los apartados que abordan la industria energética aluden -sin mayores definiciones concretas- a la “aplicación de las mejores prácticas de gestión ambiental en exploración, explotación y transporte de hidrocarburos”.
“Se prevé una agenda integral en el marco del Acuerdo de París a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI), con la creación de un mercado de derechos de emisión de GEI, con amplia y decisiva participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas y acceso al financiamiento climático”, sostiene el proyecto de la ley ómnibus.
