Las cámaras del sector de la construcción e inmobiliario presentaron en el Congreso un proyecto para que se modifiquen dos artículos de la actual Ley de Alquileres.
La iniciativa busca cambiar los dos artículos más cuestionados por propietarios e intermediarios de la Ley 27.551: el plazo de duración de los contratos y la fórmula de ajuste de los alquileres.
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Las entidades que impulsan el proyecto son la Cámara Inmobiliaria (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI).
Desde esas entidades señalaron que “la iniciativa traerá en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres”.
El proyecto presentado propone que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”.
Además, establece que los ajustes deben seguir realizándose con un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
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Con relación a los plazos de los contratos, la iniciativa incluye la reducción a dos años como plazo legal mínimo. En el proyecto, las entidades fundamentaron que “quedó demostrado que la actualización anual del canon locativo para vivienda es un período muy extenso en un contexto inflacionario desequilibrado, que ha generado una gran presión en el valor locativo inicial, una aceleración en los precios, retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley, llegando hoy, a más del 100% anual”.
Agregaron que esto generó “insatisfacción y perjuicio patrimonial para ambas partes contratantes” y que llevó “al límite de la imposibilidad de su cumplimiento”.
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La iniciativa además señala que las medidas propuestas pueden “contribuir en el corto plazo a llevar una solución temporal en materia de alquileres, pero resultan también necesarias otras acciones, principalmente aquellas que impulsen a aumentar la oferta locativa”.
En el proyecto también se incluyeron sugerencias con relación a que se tomen medidas que fomenten la construcción, refacción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquiler de vivienda.
Esta iniciativa se suman a otras que ya fueron presentadas en Diputados y que promueven cambios a la actual legislación, que rige desde 2020.
