La cantidad de puestos de venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) creció durante 2022 y volvió a poner en agenda una vieja disputa entre los manteros y los comerciantes de las calles porteñas. En este contexto, especialistas advirtieron que ante la pérdida del poder adquisitivo, se incrementó la comercialización callejera y estiman que en los próximos meses se intensificarán los controles en la vía pública.
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante diciembre de 2022 se detectaron 1236 puestos de venta ilegal callejera en CABA, lo que representó un aumento del 17,8% con respecto a noviembre y una caída del 25,4% en la comparación interanual.
El promedio de 2022 fue de 1009 puestos registrados mensualmente, mientras que en 2021 esa cifra se aproximó a 891 espacios y en 2019 fueron 586 puestos, lo que refleja un incremento del 13% y 72% respectivamente.
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Según el relevamiento, existe una concentración de la actividad callejera, ya que las diez cuadras con mayor cantidad de puestos contuvieron al 61% del total de lugares en calles, avenidas y peatonales. En este sentido, en Once se registraron seis de las diez cuadras con más de esos puntos de comercialización, mientras que las otras cuatro se reportaron en Floresta, en la Avenida Avellaneda. Asimismo, lo que más se vendió en las calles fueron productos de Indumentaria y calzado, que abarcó el 71,6% del total, seguido por Alimentos y bebidas (11,8%).
“Si bien registramos una baja interanual en diciembre de 2022, vemos una tendencia al incremento. Sucede que con la caída del ingreso real la gente busca alternativas. Y eso provoca que la venta callejera crezca”, explicó Matías Bolis Wilson, economista jefe de la CAC.
Bolis Wilson indicó a TN que la venta callejera ilegal comenzó a tener, en los últimos años, un cambio de “geolocalización”. Esto es, que antes había más puestos en la avenida Avellaneda y ahora la concentración se trasladó a Once. También señaló que, hasta 2019, si las ventas minoristas crecían, el comercio callejero ilegal bajaba, pero desde aquel año que el comportamiento de ambos sectores se mueve de forma similar.
A su criterio, existe un reclamo genuino de los comerciantes minoristas por la ocupación de la vía pública que convive con un grave problema social que se refleja en la situación de los manteros. “Es un fenómeno donde se mezcla el fraude marcario, la competencia desleal y también el trabajo esclavo”, consideró Boris Wilson.
Crece la tensión con los manteros
Ante este panorama, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fabián Castillo, consideró que la inflación “provoca que el 50% de la economía argentina esté en la informalidad”, lo cual impulsa la actividad de los manteros y admitió que “es imposible” erradicar la venta callejera en el corto plazo.
Igualmente, anticipó que durante los próximos meses se intensificarán los controles en la vía pública, especialmente en “las usinas desde donde se distribuye mercadería a los manteros”. De hecho, la Policía de la Ciudad realizó hace unos días una serie de allanamientos en Once en el marco de una causa por ocupación de la vía pública “en ejercicio de actividad lucrativa” por parte de los manteros.
La Fiscalía de Flagrancias y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 30 de la Ciudad ordenaron 22 allanamientos en la zona, en las cercanías de la terminal ferroviaria de Once. Se secuestraron 454 bultos y se clausuraron 19 locales.
Los manteros, agrupados en Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) salieron a rechazar enfáticamente los allanamientos: “La Justicia porteña y las fuerzas de seguridad están, una vez más, robando la mercadería a los trabajadores de la economía popular, mercadería que compramos en los mismos comercios de Once, esos comercios a los que, dicen mintiendo, supuestamente perjudicamos”, expresó la secretaria general de esa agrupación, Luzmery Villanueva.
Una ley para regular el trabajo en espacios públicos
En noviembre último, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, de la cual forma parte VAIO) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentaron en el Congreso un proyecto de ley de “trabajo en espacios públicos” para otorgar derechos a, entre otros, los manteros.
La iniciativa es impulsada por diputados del oficialismo y tiene por objeto reconocer como sujetos plenos de derechos sociales, económicos y laborales a los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular que ejerzan la venta y comercialización de bienes y servicios en espacios públicos, “dentro de un marco de legalidad, equidad y condiciones dignas de trabajo”.
“Frente a la situación de persecución y hostigamiento que viven los compañeros a diario, es importante organizarse para exigir la regularización urgente de la venta ambulante”, aseguró VAIO sobre ese proyecto.
Por Gerardo Choren, especial para TN
