La crisis que atraviesa el sector yerbatero en Misiones volvió a tensarse en los últimos días.
Tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) impulsada por el gobierno nacional, un número importante de productores decidió poner en duda el inicio de la zafriña de verano, una medida inédita que abrió grietas dentro del propio sector.
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Mientras algunos consideran que suspender la cosecha es la única manera de hacer visible la gravedad del momento, otros sostienen que la yerba se cultiva para cosechar y que no levantarla sería profundizar las pérdidas.
La asamblea realizada en Campo Grande reunió a productores de distintos puntos de la provincia, quienes coincidieron en un diagnóstico común: el mercado, sin regulación, quedó librado a precios dispares que no cubren los costos mínimos de producción.
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Salvador Torres, integrante del Movimiento Agrario Misionero (MAM), describió un escenario crítico: valores de $180 a $200 por kilo de hoja verde frente a una grilla oficial que, aun con sus limitaciones, ubicaba los costos por encima de los $400 pesos.
Debate interno y medidas de fuerza en evaluación
Torres remarcó que, aunque históricamente hubo desacuerdos con las estimaciones del instituto, la grilla del INYM funcionaba como un punto de referencia que permitía ordenar la discusión con los secaderos e industriales.
Con el nuevo decreto —el 812/2025— que desregula las facultades del organismo, ese parámetro desaparece y los productores quedan expuestos a una dinámica de precios fragmentada, sin herramientas de contención. Para muchos, esa pérdida de un “resorte regulador” explica buena parte de la escalada de tensión.
Además, la crisis no se limita a la yerba. Torres advirtió que la situación es “mucho peor” que la del año anterior y que involucra a otros cultivos tradicionales de Misiones.
El té está en una caída profunda, el tabaco atraviesa uno de sus peores momentos y la producción de alimentos en pequeña escala tampoco encuentra mercado.
El cuadro describe un deterioro generalizado que afecta a productores diversificados, acostumbrados a sostenerse en más de una actividad.
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En este marco, la división sobre la zafriña se transformó en el eje del debate. Un grupo sostiene que no cosechar sería una medida de fuerza contundente ante la falta de respuestas oficiales.
Otro sector, en cambio, advierte que detener la recolección perjudicaría aún más a quienes dependen de cada kilo levantado para sostenerse en un contexto inflacionario y sin certezas. La decisión, por ahora, sigue abierta.
El conflicto seguirá en discusión este jueves, cuando los yerbateros vuelvan a reunirse en San Vicente. Allí se evaluarán las propuestas de medida de fuerza y se buscará coordinar acciones conjuntas con otros sectores, en un intento por amplificar el reclamo. “Estamos en una situación límite y hasta ahora nadie nos escuchó”, resumió Torres.
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La falta de regulación, según los productores, profundiza un círculo vicioso: sobreoferta, precios bajos, caída de rentabilidad y riesgo creciente para los pequeños y medianos establecimientos.
Aun reconociendo que la crisis económica general del país condiciona cualquier estrategia, los yerbateros insisten en que el INYM cumplía un rol clave para amortiguar impactos, ordenar la oferta y evitar que la actividad quedara sometida a una volatilidad que hoy se convierte en amenaza.
La provincia ingresa así en un nuevo capítulo de tensión. Con cosechas en duda, valores sin referencia y un malestar que se expande a otras producciones, los yerbateros esperan que las próximas reuniones marquen un camino para evitar un deterioro mayor en una de las economías regionales más emblemáticas del país.
