La región del Mercosur Ampliado desembarca en la COP30 de Belén con un mensaje contundente: la agricultura no debe gestionarse como un problema, sino como una parte central de la solución climática.
Así lo expresa el documento difundido por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM), que reúne a entidades de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia.
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En un contexto global donde las políticas ambientales ganan protagonismo, la organización busca dejar en claro su posición, advertencias y prioridades.
Desde el inicio, el texto plantea una premisa: la agricultura del Mercosur Ampliado tiene un papel estratégico no solo para la alimentación global sino también para la mitigación del cambio climático.
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En ese sentido, destaca que los sistemas productivos de la región ya aplican prácticas de bajas emisiones, capturan carbono y preservan biomas, apoyándose en innovación tecnológica y en una larga tradición de manejo sostenible.
La FARM remarcó que esta contribución debe ser reconocida de manera explícita por los países y organismos que participan de la negociación climática.
Un sector que reclama ser parte
Uno de los puntos más firmes del documento está vinculado a las llamadas Medidas Climáticas Relacionadas con el Comercio (TRCM).
Para la FARM, la agenda ambiental internacional impulsada por algunos bloques económicos —especialmente la Unión Europea (UE) a través del Pacto Verde, el reglamento de deforestación (EUDR) y el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM)— corre el riesgo de transformarse en “barreras comerciales injustas”.
El posicionamiento afirma que estas iniciativas no contemplan las particularidades productivas de los países en desarrollo y generan confusión entre consumidores, afectando la competitividad de las exportaciones agropecuarias.
En ese marco, sostiene que las políticas sobre medio ambiente deben basarse en ciencia, transparencia y cooperación internacional.
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El documento también enfatizó la necesidad de que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), establecidas en el Acuerdo de París, se elaboren en conjunto con el sector productivo.
Según la FARM, sin la participación activa del agro, los compromisos climáticos corren el riesgo de volverse poco realistas o de ignorar soluciones que el sector ya está implementando.
Reclamaron, por lo tanto, “ajustar de manera inmediata” las métricas utilizadas para medir el aporte del agro, evitando errores que puedan perjudicar a los países exportadores.
En línea con esta postura, la FARM respalda el fortalecimiento del Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria de Sharm el-Sheikh (SSJWA).
Para el bloque, este espacio multilateral permite visibilizar políticas que ya están en marcha en la región, como el Plan ABC+ de Brasil, el Sello de Triple Impacto en Argentina o los programas de producción de baja emisión en Chile, Uruguay y Paraguay.
La organización anima a los gobiernos a cargarlos en el portal oficial del SSJWA, lo que podría facilitar el acceso a financiamiento climático y mejorar la integración de estos proyectos en la agenda global.
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La FARM insistió en un concepto clave: los productores rurales deben ser considerados agentes centrales de la acción climática, no simples destinatarios de regulaciones.
De allí surge el pedido de que se reconozca a la agricultura tropical como modelo sostenible y aliado de la conservación. La realización de la COP30 en la Amazonía, destacó el documento, es una oportunidad histórica para posicionar esta visión.
Financiamiento y transición justa
Otro de los ejes fuertes es el financiamiento climático. El documento subrayó que, sin recursos adecuados, la adopción de tecnologías de bajas emisiones será limitada y no alcanzará para cumplir con las metas globales.
La FARM apoya el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), que prevé un volumen de US$ 1,3 billones por año hasta 2035, según el Roadmap Bakú–Belén.
Pero advirtió que esos fondos deben llegar efectivamente a los productores rurales y estar guiados por métricas científicas. Esto permitiría avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al trabajo decente, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento institucional.
El planteo sobre mercados de carbono también es explícito. Para la FARM, la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París debe priorizar la adaptación con indicadores claros y realistas, en sintonía con las realidades productivas de la región.
Entre las prácticas destacadas se encuentran los sistemas integrados —agricultura, ganadería y forestación—, el manejo conservacionista del suelo, la mejora de pasturas y la eficiencia hídrica.
Reclamó que se desarrollen indicadores específicos para la agricultura tropical que permitan reconocer el aporte real del sector en la captura y reducción de emisiones.
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La transición justa ocupa un capítulo especial. La FARM sostiene que la transformación hacia una economía más sostenible no debe comprometer la competitividad ni la seguridad alimentaria.
En particular, alertó sobre la vulnerabilidad de pequeños y medianos productores, quienes requieren apoyo técnico y financiero para incorporar nuevas tecnologías y adaptarse a las exigencias internacionales.
En ese sentido, vuelven a cuestionar las medidas unilaterales —como las aplicadas por la Unión Europea— y piden reemplazarlas por acuerdos multilaterales con incentivos positivos, evitando que el comercio se utilice como mecanismo de presión climática.
La agenda energética también aparece con protagonismo. La FARM destacó el valor estratégico de la bioeconomía y los biocombustibles, especialmente el etanol de caña, el etanol de maíz, el biodiesel de soja y los combustibles de aviación sostenibles (SAF).
Para la organización, el modelo agroenergético integrado del Mercosur demuestra que es posible producir alimentos y energía de forma complementaria y sostenible.
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Además, señaló que los productores podrían diversificar su actividad incorporando sistemas de generación de electricidad renovable, incluso para abastecer redes existentes.
El posicionamiento dedicó también un apartado a la Amazonía, donde plantea que la conservación debe ir acompañada de incentivos económicos, regularización de tierras, crédito verde y pago por servicios ecosistémicos.
Consideró que la región tiene condiciones para transformarse en una referencia global de agricultura sostenible, integrando saberes locales con cadenas productivas de bajo impacto.
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Al cierre, la FARM reafirmó su compromiso con una agricultura “sostenible, resiliente y competitiva”, capaz de contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático y la seguridad alimentaria.
La mención a la “Agrizone” —el espacio creado por Brasil dentro de la COP— aparece como una señal de que la agricultura y la seguridad alimentaria se consolidan como pilares de la agenda climática global.
En un momento en que las negociaciones climáticas muestran tensiones crecientes entre países desarrollados y economías agroexportadoras, el documento del Mercosur Ampliado introduce un recordatorio crucial: el campo no solo produce alimentos y energía, sino que también captura carbono, preserva biomas y sostiene miles de comunidades rurales. Y quiere que esa contribución sea reconocida en el corazón de la COP30.
El posicionamiento presentado lleva la firma de las principales organizaciones rurales del Mercosur Ampliado:
Por la Argentina lo firmaron Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Las otras entidades de la región que en conjunto expresaron su visión en la agenda internacional son las siguientes: Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL), la Confederación Agropecuaria Nacional de Bolivia (CONFEAGRO), la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), la Federación Rural del Uruguay (FR), la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA), y la Sociedade Rural Brasileira (SRB).
