La histórica cooperativa láctea SanCor sumó un nuevo capítulo judicial tras la imputación de dos de sus expresidentes por presunta evasión fiscal y apropiación indebida de aportes previsionales por un monto estimado en $1644 millones.
José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez fueron citados a declarar ante el Juzgado Federal de Rafaela el próximo 12 de noviembre, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.
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La investigación del ministerio Público Fiscal señala que los exdirectivos podrían haber incurrido en delitos contemplados en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario, relacionados con la retención y no depósito de aportes a la seguridad social.
El caso abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías de la AFIP, junto con el INAES.
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Los peritajes revelaron que las retenciones salariales no fueron depositadas en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.
Deudas salariales, falta de aportes y maniobras fraudulentas
Además, los informes del Comité Provisorio de Control detectaron irregularidades en el manejo de fondos de la mutual y del sindicato, lo que derivó en la notificación formal al Juzgado Federal, sumándose a las causas que tramita SanCor ante el fuero civil y comercial de Rafaela por concurso preventivo.
Según fuentes gremiales, la cooperativa mantiene deudas importantes con proveedores, organismos públicos y empleados.
La situación laboral también escaló con fuerza. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) organizó una multitudinaria movilización frente a los tribunales de Rafaela, con más de 600 trabajadores rechazando el “Plan de Crisis” presentado por la cooperativa.
El sindicato denuncia atrasos salariales de hasta cinco meses, la falta de aportes y la intención de despedir a 304 empleados adicionales, sumando más de mil cesantías desde 2019.
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“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, expresó un vocero de ATILRA durante la protesta.
La organización sindical impulsa más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, buscando que la Justicia garantice el funcionamiento de la planta y el pago de las obligaciones laborales.
La imputación de Gastaldi y Sánchez se produce en un contexto de máxima tensión, donde la cooperativa enfrenta acusaciones por maniobras fraudulentas.
La audiencia del 12 de noviembre se anticipa clave para la evolución del caso, ya que marcará el inicio de la declaración de los exdirectivos en un escenario donde confluyen la justicia penal, la situación financiera de SanCor y los reclamos de los trabajadores.
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SanCor, históricamente uno de los principales actores de la industria láctea argentina, se encuentra en un punto crítico.
Mientras se investigan las responsabilidades de los exdirectivos, la cooperativa debe afrontar una crisis financiera y laboral que amenaza su operación y la estabilidad de cientos de familias vinculadas a la empresa.
