El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la presentación de un proyecto de ley destinado a transformar el esquema de gestión de los caminos rurales no pavimentados en esa provincia. El acto se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario, junto a representantes del sector agropecuario.
La iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno y las entidades del agro, busca consolidar un sistema integral que articule esfuerzos públicos y privados para mejorar la conectividad en el interior.
Leé también: En Santiago del Estero suspendieron el cobro de Ingresos Brutos a los productores por 6 meses
Ante referentes de la mesa de enlace, dirigentes de los consorcios camineros y productores, el mandatario anunció también una inyección presupuestaria de $12.500 millones: 9500 millones para obras de enarenado y 3000 millones para la adquisición de motoniveladoras.
“En un momento donde el Estado se retira de la infraestructura, en Córdoba cumplimos con cada uno de los compromisos asumidos”, expresó Llaryora, quien reivindicó el modelo cordobés de gestión participativa como ejemplo a nivel nacional.

Caminos rurales y maquinaria: impulso clave para el interior cordobés
Actualmente, la provincia tiene en ejecución 202 intervenciones viales, con una inversión que supera los $3800 millones. La proyección para el bienio 2024-2025 contempla alcanzar las 243 obras.
El proyecto, que será elevado a la Legislatura, estipula que el ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación, y establece la integración del sistema por parte de la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, de Suelos, de Gestión y el Consorcio Caminero Único.
El financiamiento provendrá principalmente del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), alimentado por el 98% del impuesto inmobiliario rural. También se prevén ingresos por aportes de socios, donaciones, obras y multas por daños en la red vial.
Leé también: El bloque patagónico denuncia una pérdida histórica del estatus sanitario de la carne
Durante el acto, el ministro Sergio Busso remarcó que la normativa actual data de los años ’90 y celebró el consenso alcanzado: “Lo más importante es tener buenos caminos, y eso requiere una herramienta moderna”.

Desde el sector, las reacciones fueron positivas
El presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Juan José Fabbri, valoró tanto el aporte económico como la predisposición institucional.
En tanto, Sebastián Laborde, representante de la Sociedad Rural Argentina (SRA), subrayó el impacto de las rutas rurales: “Son la diferencia entre la vida y la muerte; en educación digna, en seguridad, en la llegada de los alimentos a la mesa de los argentinos”.
Los consorcios camineros juegan un papel fundamental en la conservación de esta red, constituyendo un modelo de gestión público-privada.
En Córdoba funcionan 285 consorcios organizados en 19 regiones, responsables de más de 57.000 kilómetros de caminos rurales, lo que convierte a la provincia en la que cuenta con la mayor red vial rural bajo administración descentralizada.
Leé también: El Gobierno designó a las autoridades que conducirán al INTA reestructurado
Para fortalecer a estas organizaciones, en 2024 la Provincia entregó un tractor y un camión 0 km con caja metálica de vuelco bilateral a cada una de las regionales, con una inversión superior a los $5800 millones, la más alta en 16 años. Este equipamiento permite mejorar la capacidad operativa de los consorcios y agilizar el mantenimiento vial.

Además, el Gobierno provincial otorgó subsidios por $50 millones para la renovación de maquinaria, lo que facilitó la adquisición de 153 tractores, 13 camiones, 27 desmalezadoras y más de 177 equipos viales, entre niveladoras y palas cargadoras. Este fortalecimiento contribuyó a garantizar caminos transitables y mejores condiciones para el desarrollo productivo en el interior de Córdoba.
Leé también: La ganadería celebra su día con historia, identidad y futuro
El evento también contó con la presencia de ministros, intendentes, legisladores y referentes de las principales entidades agropecuarias. Todos coincidieron en destacar que, más allá del aporte económico, lo central es el compromiso sostenido para garantizar conectividad y desarrollo territorial.