La municipalidad de Bolívar comenzó una “ola de embargos” contra los productores que no pueden pagar la tasa vial.
Las entidades locales, que desde hace tiempo reclaman por el mal estado de los caminos rurales y que el municipio no cumple con la ordenanza municipal de reinversión que se debe aplicar en el mantenimiento vial, intentaron reunirse este jueves con el intendente kirchnerista Marcos Pisano, pero no los recibió.
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Representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, la Cooperativa Agropecuaria y Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se presentaron de forma espontánea en el Palacio Municipal.
Los ruralistas calificaron al hecho como “urgente y de enorme gravedad institucional”.
Participaron del reclamo José Gabriel Erreca, presidente de la Sociedad Rural de Bolívar; Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP; y Eliel Nabaes, presidente de la Federación Agraria Argentina filial Bolívar, junto a referentes de la Cooperativa Agropecuaria de esa localidad y otros miembros que son integrantes de las entidades.
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La situación del campo en Bolívar es crítica y desde la Sociedad Rural local señalan que un 70% de los caminos se encuentran en mal estado.
“Los caminos rurales están destruidos, en muchos casos totalmente intransitables, lo que ha impedido que numerosos productores puedan sacar sus cosechas, trabajar con normalidad o siquiera transitar sin dañar sus vehículos. En este contexto, muchos no han abonado la tasa vial no solo como reclamo por la falta de contraprestación del servicio, sino porque directamente no tienen cómo reunir el dinero”, manifestó la Sociedad Rural por medio de un comunicado.
“La tasa vial no es un impuesto. Es una tasa que exige un servicio a cambio. Pero hoy lo único que estamos recibiendo del Estado es abandono y castigo”, señalaron los dirigentes rurales.
“Lo que está haciendo el municipio es asfixiar a quienes producen alimentos y sostienen la economía local”, agregaron.
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Pese a la gravedad de la situación, Pisano no recibió a los representantes del sector agropecuario y tampoco respondió a varios pedidos de audiencia que le hicieron desde el sector. Según informó su secretaria, no se encontraba en el edificio.
Desde las entidades del campo remarcaron que el impacto de esta situación va mucho más allá de lo económico: hay familias aisladas, chicos que no pueden llegar a las escuelas rurales, docentes que no logran dar clases y ambulancias que no pueden ingresar a los campos.
“Este nivel de desamparo es una locura. El Estado municipal no solo no cumple con su obligación de mantener los caminos, sino que además embarga cuentas sin previo aviso a quienes no pueden trabajar. Nos están empujando a un punto de quiebre”, enfatizaron.
“Con dolor, preocupación y determinación, el campo volvió a decir presente. Exigiendo respuestas, pero también respeto. Porque detrás de cada tractor, de cada hectárea y de cada camino roto, hay personas que siguen de pie, pero que ya no pueden más”, remarcó el comunicado de la Sociedad Rural de Bolívar.
En este contexto, la agrupación de autoconvocados Productores Agropecuarios Unidos (PAU)inició, hace más de 3 años, acciones legales para que se cumpla con la ordenanza y en algunos casos se habían negado a pagar el tributo, que tuvo fuertes aumentos, hasta que el municipio no cumpliera con lo adeudado.
