Más de 100 productores del norte de Santa Fe se reunieron en el Club de Tartagal, un pequeño pueblo del departamento Vera, para reclamar lo que consideran un abuso por parte de las comunas locales: el cobro de la Tasa por Hectárea, sin la debida contraprestación de obras que justifiquen ese pago.
Esta medida, según los productores de Villa Guillermina, Villa Ana, La Gallareta y Tartagal, se transformó en “una carga insoportable”, ya que el dinero recaudado no se ve reflejado en el mantenimiento de los caminos rurales que utilizan a diario para llevar sus productos.
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En la asamblea, los reclamos fueron claros: municipios y comunas están cobrando una tasa sobre las hectáreas de los campos, pero sin realizar las obras necesarias para el arreglo de los caminos, lo que afecta gravemente la productividad de los productores de la región.
A pesar de que en muchos casos ni siquiera existen caminos comunales, ya que las arterias principales son provinciales o nacionales, las tasas siguen cobrando fuerza, sin que haya una justificación visible para los contribuyentes.
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Además, los productores denuncian que el sistema judicial no muestra clemencia ante los morosos.
Con solo un año de deuda, los juicios pueden llegar a poner en riesgo la propiedad de los agricultores, lo que aumenta la frustración.
La tasa se calcula en litros de gasoil por cada hectárea
Los afectados señalaron que la paralización de un proyecto de ley en la Legislatura provincial que busca modificar las normativas vigentes es un reflejo de la sordera de las autoridades ante los reclamos.
Este proyecto propone que las comunas sólo puedan cobrar la tasa si ya se realizó una obra de infraestructura, con una relación proporcional a la inversión.
Los productores insisten en que esta reforma es esencial para evitar que la tasa se convierta en un impuesto encubierto y, por ende, ilegal.
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En su lucha por que se respeten sus derechos, los productores se organizaron para llevar el reclamo a todos los niveles del Estado.
Ricardo Sigaudo, empresario y productor regional, señaló que el reclamo central radica en la falta de contraprestación en el mantenimiento de los caminos rurales, vitales para la circulación de los productores.
La asamblea, que reunió casi 50 firmas, elaboró un documento con tres propuestas clave: crear una Mesa Rural que gestione la tasa directamente con las comunas, respaldar las iniciativas legislativas que busquen corregir estos abusos y gestionar la suspensión de los juicios por deudas de la tasa.
La intención es presentar estas demandas tanto al presidente Milei como a los gobernadores, legisladores y presidentes de comunas de la zona.
Uno de los aspectos más graves de esta situación es la amenaza de juicios ejecutivos por no pagar la tasa, lo que pone en riesgo la propiedad de los productores.
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Sigaudo destacó que los juicios tienen acción ejecutiva, lo que significa que la comuna puede proceder al remate del campo en menos de un año si no se paga la tasa.
Según el productor, aunque aún no se llegó a una ejecución, hubo casos en los que se fijó una fecha para la subasta de propiedades por esta razón.
El sistema de cobro de la tasa, que se calcula en litros de gasoil, es otro de los puntos que genera malestar, ya que los productores se ven obligados a pagar una cuota sin ver mejoras en los caminos rurales que justifican ese gasto.
En la asamblea, los legisladores presentes escucharon los reclamos, pero la respuesta de los representantes del Senado provincial fue que la reforma a la Ley de Cobro de Créditos Fiscales está siendo analizada, aunque sugirieron que la ley debería “pulirse un poco”.
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A pesar de esto, los productores continúan con su lucha para modificar la legislación y frenar el cobro de la tasa sin contraprestación, y muchos se sienten “condenados a pagar” debido a que la legislación actual no contempla ninguna forma de reclamo eficaz.
Con la situación estancada en la Legislatura desde marzo de 2024, los productores ven en la protesta la única herramienta para intentar cambiar la normativa que consideran abusiva.
