Cerca de 45 productores yerbateros provenientes de Misiones llevaron su voz hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como parte de la Marcha Federal. Pidieron al presidente de la Nación, Javier Milei, que designe de manera “urgente” un nuevo representante en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo indispensable para “fijar un precio justo” al kilo de hoja verde.
“Solo hace falta dejar de ser caprichosos, firmar el nombramiento y volver a discutir dentro del Instituto nuestras problemáticas”, declaró Julio Peterson, productor yerbatero. Y señaló que la Justicia ya devolvió la potestad del INYM a los productores.
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La ausencia de una dirección oficial, consideró, “dejó en vilo a miles de familias que dependen de la actividad yerbatera, mientras el mercado se concentra en beneficio de unas pocas grandes industrias”.
Nelson Dalcolmo, responsable interino del INYM, afirmó a TN desde Misiones: “La situación está complicada para los productores”.
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Gerardo Strejevich, también yerbatero de la zona norte de Misiones, destacó la grave situación que atraviesa el sector: “El Instituto Nacional de la Yerba Mate fue creado por nosotros, los productores y trabajadores de cooperativas. Hoy somos 50.000 familias padeciendo por un capricho. No puede ser que cuatro grandes industrias se beneficien mientras estafan al consumidor”.
El Movimiento Agrario de Misiones (MAS) expresó su apoyo a la marcha y convocó a sus bases a movilizarse en repudio a las “políticas de ajuste que afectan la economía de las familias rurales”.
Localidades como Posadas, Oberá, Montecarlo y San Vicente también se sumaron con movilizaciones simultáneas, reflejando el impacto del conflicto en toda la provincia.
Una demanda colectiva y “urgente”
A raíz del conflicto, los productores yerbateros mantienen un paro en demanda de un precio justo por el kilo de hoja verde, denunciando que los $180 que perciben no cubren los costos de producción ni se equiparan con los valores en góndola, donde los paquetes alcanzan entre $4.000 y $5.000.
Históricamente, los agricultores obtenían un 10% del precio final, pero hoy enfrentan una reducción significativa en sus ingresos, afectando principalmente a pequeños y medianos productores, que representan el 92% del sector.
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Por su parte, el sector atribuye la crisis al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que desreguló el mercado al quitar las facultades del INYM.
Según los agricultores, esta medida beneficia a las grandes industrias y deja desprotegidas a miles de familias yerbateras, profundizando las inequidades en la cadena de valor y comprometiendo la sostenibilidad del sector.
