El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, revocó la cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras, a pedido del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata, que inmediatamente apeló el fallo, y en el mismo sentido la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) interpuso un amparo que fue asignado al Juzgado en lo Contencioso-Administrativo Federal N°5, a cargo de María Alejandra Biotti.
El juez Recondo anuló la medida concedida días antes por su colega Ernesto Kreplak, quien argumentó en favor de los ex combatientes de Malvinas. Recondo consideró que estos veteranos no poseen la legitimación necesaria para impugnar la normativa y descartó la existencia de un “caso” que justifique la cautelar.
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En ese sentido, la Ley de Tierras establece restricciones a la venta de tierras a extranjeros, particularmente aquellas con fuentes de agua importantes o ubicadas en zonas estratégicas de seguridad fronteriza. La derogación de esta norma, propuesta por el Gobierno, elimina límites en estas transacciones, y deja la decisión en manos del mercado signado por compradores y vendedores.
La decisión inicial del juez Kreplak suscitó apoyo entre los reclamos de la Federación Agraria Argentina (FAA), reflejando las tensiones en el sector agrícola ante los cambios propuestos. Sin embargo, el nuevo escenario judicial revela divergencias en la interpretación legal y agita aún más las aguas de esta disputa.
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En un contexto de creciente incertidumbre, Julio Urien, presidente de la FIPCA, presentó un amparo bajo el patrocinio legal de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Aníbal Valmaggia. La fundación se presenta en su página web con la misión de “defender los recursos naturales y la soberanía territorial”.
Su enfoque se traduce “en acciones concretas, como capacitaciones y conversatorios en centros culturales, sindicatos, escuelas y universidades”. La organización destaca “la importancia de concientizar sobre el cuidado del ambiente, enfocándose en el agua no solo como fuente de vida, sino también como elemento crucial para el trabajo, desarrollo y comunicación”.
En tanto, la FIPCA y Urién argumentan que dicho artículo, al derogar la Ley de Tierras, vulnera disposiciones constitucionales, generando “un daño irreparable a la Nación y al pueblo argentino en general”.
La preocupación radica en que la derogación permitiría la venta indiscriminada y sin límite del territorio argentino a cualquier potencia extranjera, sociedades, fondos de inversión, mega millonarios extranjeros y/o fideicomisos, constituidos en fraude a la ley. La acción legal busca preservar la integridad territorial y resguardar los intereses de la nación frente a posibles impactos negativos derivados de la modificación normativa propuesta, explicaron.
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Por otro lado, en el mes de diciembre la Federación Agraria Argentina (FAA) lanzó críticas hacia el presidente de la Nación, en respuesta al polémico DNU. La entidad expresó su descontento tanto por la vía de implementación desde el Poder Ejecutivo en lugar del Legislativo como por la propuesta de derogar la Ley de Tierras. La FAA subrayó su oposición a la medida. Destacó que “la derogación de la ley no se percibe como la solución adecuada para fomentar las inversiones en el sector agropecuario”.
